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Reforma inmobiliaria: el Gobierno busca desregular la compraventa de propiedades y eliminar la matrícula
El Gobierno avanza en una reforma para desregular el mercado inmobiliario. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger, está ultimando un proyecto de ley que enviará al Congreso en los próximos días, con la intención de modificar el actual sistema. La presentación de la iniciativa estaba prevista para junio.
El cambio principal que propone la reforma es la eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario, un requisito que funciona como barrera de entrada al sector. La medida implicaría suprimir la exigencia del título universitario y otorgar libertad para fijar los honorarios, sin aranceles mínimos ni máximos, lo que reduciría significativamente las facultades de los colegios profesionales.
Además, el proyecto contempla incorporar avances tecnológicos al habilitar la operación mediante plataformas digitales sin restricciones geográficas. Esto permitirá que tanto personas físicas como jurídicas puedan prestar el servicio desde cualquier provincia sin necesidad de reinscripciones locales, favoreciendo así nuevos modelos comerciales basados en inteligencia artificial, recorridos virtuales y firmas electrónicas.
El objetivo de la reforma es reducir los costos en las operaciones de compraventa, aumentar la competencia y facilitar el ingreso de nuevos actores al mercado, según anticipó Sturzenegger durante un encuentro organizado por Reporte Inmobiliario en la Universidad Católica Argentina (UCA).
En su presentación, el ministro se mostró crítico con la colegiación obligatoria y cuestionó que los colegios profesionales “usen el poder para fijar condiciones”, calificando la imposición de un precio mínimo como “una aberración social”.
La discusión enfrenta dos modelos contrapuestos: uno que apuesta por más competencia y menos regulaciones, y otro que defiende la colegiación como garantía de seguridad jurídica para quienes compran o venden propiedades.
Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), afirmó que “hoy se limita la competencia” y que el sistema vigente impide que personas capacitadas presten servicios sin pertenecer al rubro. A su vez, destacó que la tecnología ofrece herramientas autorreguladoras más eficientes que el modelo actual.
Por su parte, Sebastián Sosa, presidente y cofundador de Remax Argentina y Uruguay, señaló que “debería evaluarse qué valor aportan los colegios” y consideró que “toda medida que apunte a modernizar y simplificar operaciones merece ser analizada”. Además, enfatizó que “la idea es lograr un mercado más dinámico y accesible, sin perder confianza ni calidad de servicio”.
La reforma también pone el foco en el crecimiento del ecosistema prop-tech. Jorge Amoreo Casotti, CEO y fundador de la start-up Pint, sostuvo que “los colegios se han transformado en un monopolio” y que la propuesta busca fomentar la competencia. Enfatizó que el principal perjudicado por el sistema actual es el inquilino, quien asume costos que en gran parte del mundo corresponden al propietario.
En contraste, los profesionales del sector rechazan la iniciativa. La Cámara Inmobiliaria Argentina se opone al proyecto e impulsa la creación de un Registro Nacional Único de Corredores Inmobiliarios y Asistentes, que unifique criterios en todo el país.
Nancy Vieitez, titular de la inmobiliaria homónima y presidenta de la cámara, destacó que el corretaje inmobiliario no es una actividad cualquiera, ya que “está en juego el patrimonio de las familias”. Subrayó que el corredor matriculado no solo asesora, sino que también es un sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), con responsabilidades en la identificación de las partes, verificación del origen de los fondos y colaboración en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para ella, esta función es clave para garantizar la transparencia.
Vieitez se preguntó: “Si cualquiera puede intermediar, ¿quién asume esas obligaciones ante la UIF? ¿Quién responde por los controles y las irregularidades que puedan detectarse?”. Asimismo, aclaró que la matrícula no representa un costo para el Estado, ya que se sostiene con aportes de los profesionales, y que más del 98% de quienes compran o venden una propiedad lo hacen con un corredor matriculado.
Marta Liotto, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) y del Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que la discusión no debe centrarse en elegir entre regulación o libertad, sino entre profesionalismo o improvisación. Advirtió que desregular “abre la puerta a los riesgos que implica operar sin controles, con intermediarios no calificados, prácticas abusivas, fraudes y desprotección”. Destacó que la matrícula no es un privilegio sectorial ni una simple formalidad, sino una garantía que asegura formación específica y responsabilidad. “Detrás de cada operación hay ahorro, inversión y proyectos de vida. Por eso, el rol del corredor matriculado es indispensable”, añadió.
En esa línea, Manuel Mel, propietario de la inmobiliaria Mel, advirtió que la desregulación podría facilitar la actuación de personas no idóneas y dar lugar a estafas, al no requerirse certificación ante un ente regulador. Señaló que el profesional respaldado garantiza la concreción de la operación con extrema confianza y anticipó que las inmobiliarias de renombre, con trayectoria en la industria, se destacarán por sobre los agentes independientes.
