Tres testimonios fueron clave en este caso conocido como «la Camarita«: los de José López, Carlos Wagner y Ernesto Clarens. La información aportada permitió desentrañar el mecanismo de corrupción, después avalado por los empresarios que pagaron los sobornos. Bolsas de dinero en el baño de Julio De Vido, planillas excel con porcentajes, un listado exclusivo de Cristina Kirchner, la “mesa chica” donde todo se resolvió cuando había licitaciones públicas y el destino final de la recaudación ilegal. Todo consta en el requerimiento de elevación que se va a escuchar esta semana en el juicio Cuadernos.

“Existe una persecución y ensañamiento» en su contra y calificó la investigación como una “movida judicial” carente de prueba, dijo Cristina Kirchner cuando por escrito hizo su descargo sobre el tramo de los Cuadernos de las coimas donde se investigó la cartelización de la obra pública. En este expediente, la Justicia le atribuye a la ex presidenta un rol preponderante, director en las órdenes para recaudar y la determinación de beneficiar a un conjunto de empresas que en algunos casos, además, tejían negocios personales con ella.

En la causa de los Cuadernos se determinó la existencia de una asociación ilícita, comandada por Néstor y Cristina Kirchner. La organización y funcionamiento de lo que la justicia federal calificó como una “organización criminal”, fueron revelados, en buena medida, a través de las anotaciones, fotografías y filmaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta.

Si bien esas pruebas funcionaron como punto de partida de la investigación de la maniobra global, los hechos corroborados en este tramo de la investigación “fueron revelados a partir de las declaraciones prestadas por las personas involucradas”, cuando pidieron ser imputados colaboradores.

“Se reveló con verdadera contundencia que, durante el período investigado, existió un sistema por medio del cual la organización criminal recaudó dinero de modo ilegítimo mediante la cartelización de la obra pública”, sostiene la acusación que se comenzará a leer este martes y de forma virtual, durante la octava audiencia del juicio Cuadernos.

Carlos Wagner fue el responsable de “diagramar el funcionamiento y poner en práctica el sistema de recolección ilegal en el ámbito de la Cámara Argentina de Empresas Viales”. El esquema consistía en nominar a las empresas postulantes que podían llegar a ganar una licitación aun sin contar con los requisitos legales establecidos.

En ese marco, se acusó al empresario de “participar y orquestar la estructura para facilitar la selección directa de determinadas empresas, dejando de lado las vías administrativas que debían cumplirse”. El procedimiento era garantizado por el presidente de la Cámara de la Construcción, y con ese mecanismo también se determinaban los pagos ilegales que las empresas debían hacer.

Un rol clave fue el que desempeñó el financista K, Ernesto Clarens. Era quien recibía directamente los pagos provenientes de empresas del rubro de la construcción vial, siendo el único encargado, desde un comienzo, de cambiar las divisas y de realizar las tratativas necesarias para poder girarlos luego a los destinatarios finales.

La función del financista se circunscribió a un determinado tipo de recaudaciones: aquellas correspondientes al núcleo reducido de empresas constructoras, que integraban lo que el propio Wagner definió como “la Camarita”.

En su confesión Clarens manifestó: “las personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El monto dependía de la recaudación, eran alrededor de 300.000 dólares por cada entrega y con frecuencia semanal”.

El mecanismo y los porcentajes

El sistema operó de la siguiente manera: primero las empresas integrantes de la “Camarita” se disputaban cuál sería la adjudicataria de una determinada licitación; ello, según un código informal, “claramente no identificado con las normas de competencia de libre mercado- que incluía rankings y devolución de favores”, dijo la fiscalía.

Una vez que se decidía qué empresa resultaría ganadora, la Dirección Nacional de Vialidad iniciaba las erogaciones. En ese momento, comenzaba el circuito recaudatorio que tenía a Clarens como primer receptor de los montos dinerarios o “retornos”, abonados por los empresarios en carácter de contraprestación.

En términos generales, la recaudación ilícita de dinero proveniente de las obras viales coordinadas por la Dirección Nacional de Vialidad, en los casos de contrataciones que incluyeran anticipos financieros, la suma de dinero a entregar a los funcionarios públicos correspondía a un porcentaje del monto ofertado por la obra, en general, entre un 3 y 20%.

Para los casos en que no se abonaran anticipos, se establecían montos equivalentes a una determinada cantidad de certificados de obra. Clarens lo contó así: “los primeros retornos que ocurrieron durante el año 2003-2005 se pagaban en la Camarita, los cobraban ellos. Las personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto».

La cantidad de dinero, es decir el anticipo financiero de la obra que se debía pagar, se entregaba de a uno, dos o tres pagos al funcionario que recaudaba. “El anticipo financiero se iba todo al funcionario, el IVA que quedaba retenido, y que correspondía pagar a la AFIP a los 30 y 60 días, se iba utilizando para iniciar la obra…”, consta en la acusación.

El financista estimó que el caudal de dinero que circuló por este circuito de recaudación “bien pudo llegar a los USD 30.000.000”.

En este expediente fueron cruciales los aportes de José López, quien apuntó directamente contra Cristina. En 2010 cuando Néstor Kirchner falleció, relató: “se suspende todo y en enero de 2011, me llama la presidenta al despacho en Olivos en el sector de la jefatura de gabinete, y me dice: ‘Podés ser parte del problema o de la solución’”.

En ese momento, el exfuncionario relata: “Me muestra el cuaderno que siempre escribía Néstor. Kirchner era de hacer audiencias personales y lo que se desarrollaba en esas reuniones lo anotaba en esos cuadernos que solían ser marca ARTE, yo conocía esos cuadernos porque ahí generalmente anotaba todo. A Cristina le conté todo, que había un sistema de recaudación con las obras viales, le conté el mecanismo que en el resto de los sectores del ministerio lo conocía”.

Después de esa reunión “la Presidenta le pide a De Vido el listado de pagos mensuales de todas las obras del Ministerio de Planificación discriminado por empresas. Y me piden los dos a mí que haga lo mismo para la Dirección Nacional de Vialidad, que dependía de mi Secretaría de Obras Públicas”, dijo José López.

Así, todos los meses “con la información de los certificados de obra que me entregaban los directivos de la DNV, y con el cupo presupuestario o monto disponible para pagar ese mes a las empresas que lo fijaba Roberto Baratta y el Ministro De Vido, yo desarrollaba en forma proporcional el listado que le correspondía cobrar a cada empresa”.

Ese listado era entregado a Cristina y a De Vido, “para que lo aprueben, era requerido todos los meses y se los entregaba en mano y en papel, a cada uno por su lado. La presidenta se fijaba los montos que debían cobrar básicamente Austral (Báez), CPC (Cristóbal López), Electroingeniería (Ferreyra) y JCR (Relats), y lo que sobraba se repartía en forma proporcional con el resto de las empresas”.

La participación de la ex Presidenta, para la Justicia, fue directa. “Yo le mandaba a la Presidenta y De Vido, la primera planilla con los datos, era de una semana. Ella me la devolvía con el monto que debían cobrar esas cuatro empresas y yo lo rehacía, y se lo pasaba a Passacantando. Ése era el listado autorizado para pagar. Eso fue desde el año 2011 hasta el final del gobierno de Cristina”.

Los sobornos en el bidet de De Vido

En este circuito se estableció una peculiar metodología: dejar las entregas en un baño. Cuando se le preguntó a José López al respecto, dijo que quien estipula ese sistema fue “ (Julio) De Vido. Él estaba presente y me decía pasá, y se lo dejaba en el baño. Luego manteníamos una reunión en el escritorio”.

Al dar más detalles contó: “En el baño se dejaba sobre el lavabo o sobre la tapa del bidet. En algún lugar a la vista. Yo le avisaba, luego cuando me sentaba en el despacho le rendía cuentas de lo que le había dejado”.

En este tramo a De Vido como a Cristina se les atribuyen 191 hechos de cohecho pasivo.

La línea directa de Cristóbal y De Vido

Los pagos al ex titular de Planificación Federal, según la acusación, “eran semanales o quincenales”, en tanto -según la confesión de José López-, los pagos a Roberto Baratta “eran más en época de campaña y los de De Vido, eran en campaña y fuera de campaña”.

Pero había un reducido grupo de empresas que no pagaban al financista Clarens: Austral Construcciones (Lázaro Báez) y CPC (Cristóbal López). “Esto era porque tenían relación directa con De Vido y con Baratta. CPC las veces que fue a pagar a Clarens es porque estaba en UTE con alguna otra empresa. Pero aunque esté en UTE no iba a pagar. JCR también tenía relación directa por la concesión del hotel, pero debía hacer los pagos a Clarens”.

Esas empresas estaban en la lista que inspeccionaba, corregía y enviaba aprobada la ex Presidenta.