SOCIEDAD | El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la provincia expresó su fuerte repudio a la iniciativa que avanza en el Senado de la Nación. Advierten que estos discursos desalientan las denuncias de abuso sexual infantil y vulneran a las víctimas.
El Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, manifestó su preocupación y desacuerdo ante los proyectos de ley que promueven el agravamiento de penas por «falsas denuncias», específicamente en casos de violencia de género y delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes (NNyA).
Un discurso «sin sustento en la evidencia»
Desde el Ministerio pampeano señalaron que la narrativa sobre una supuesta «masividad de denuncias falsas» carece de sustento real y forma parte de una política regresiva impulsada por el Gobierno nacional.
“La instalación de esta idea no solo debilita la confianza en quienes denuncian, sino que configura un escenario que puede desalentar la búsqueda de ayuda y obstaculizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad”, explicaron a través de un comunicado oficial.
El foco en el entorno intrafamiliar
La provincia recordó que la gran mayoría de los casos de abuso sexual contra las infancias ocurren en entornos cercanos o familiares. Por ello, consideran que endurecer penas bajo la sospecha de «falsedad» solo contribuye a profundizar el silencio y el aislamiento de las víctimas.
Además, se alertó sobre el cuestionamiento a los profesionales: «La deslegitimación de equipos técnicos y de salud mental no solo afecta el ejercicio profesional, sino que debilita dispositivos fundamentales para la escucha y la protección de los menores».
Compromiso con la prevención
A modo de conclusión, el Ministerio reafirmó que la prioridad debe ser el fortalecimiento de las políticas públicas y no su debilitamiento. Los ejes que defenderá la provincia son:
Protección integral de NNyA.
Acceso efectivo a la justicia.
Capacitación permanente de equipos intervinientes.
Acompañamiento especializado y libre de violencia institucional.
“Proteger a las infancias es también garantizar condiciones para que puedan ser escuchadas, creídas y acompañadas, sin temor ni obstáculos”, concluye el documento oficial.