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«Garantiza la paz social durante todo el año»: hubo acuerdo salarial entre los exportadores y el sindicato aceitero
Finalmente, tras un mes de negociación, las empresas agroexportadoras y el sindicato aceitero alcanzaron un acuerdo salarial que establece un aumento del 16% en dos tramos. Esta medida pone fin a la tensión en el principal sector generador de divisas, que estuvo al borde de un paro generalizado.
Con el compromiso vigente hasta fines de 2026, el Gobierno ve despejados los temores sobre el flujo de divisas, en un contexto de cosecha de soja y un repunte del tipo de cambio hacia el cierre del segundo trimestre del año.
La Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) acordaron que el salario inicial, correspondiente a la categoría de peón, será de $2.578.400 a partir del 1° de julio y de $2.719.040 desde el 1° de septiembre. Además, se establecieron sumas fijas de entre $120.000 y $156.000 para los meses de mayo y junio.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) señalaron: «Finalmente se llegó a un acuerdo salarial con los sindicatos aceiteros. La industria logró que las negociaciones se centraran exclusivamente en salarios».
El pacto cubrirá todo el año 2026, tomando como referencia el índice de precios al consumidor del INDEC estimado a través de la REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado). El incremento total acumulado será del 29,5% para 2026, lo que, según los agroexportadores, garantiza la paz social durante ese período.
El conflicto comenzó el 27 de mayo, cuando los sindicatos anunciaron una huelga nacional por tiempo indeterminado, medida que fue suspendida pocas horas después gracias a la conciliación obligatoria decretada por el Gobierno nacional por dos semanas.
Desde entonces, ambas partes mantuvieron cinco reuniones en la Secretaría de Trabajo, incluida una última sesión de 12 horas. Sin embargo, no lograron un acuerdo en ese momento, lo que llevó a la cartera laboral a extender varias veces la conciliación obligatoria.
El principal punto de controversia fue que la industria y los exportadores proponían una actualización salarial mensual vinculada a la inflación, mientras que los sindicatos reclamaban un aumento cercano al 20%.
Los gremios fundamentaron su demanda en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil, según lo establecido en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual debe cubrir nueve necesidades básicas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.
Por su parte, los exportadores señalaron al inicio de las negociaciones que su propuesta era clara: ya habían anticipado aumentos salariales del 13,8% desde enero y, hasta el momento, la inflación acumulada alcanzaba el 14,7%.
Desde Ciara y CEC destacaron: «En conclusión, nadie pierde poder adquisitivo ni calidad de vida, considerando salarios promedio que alcanzan los $4,8 millones mensuales».
Los representantes sindicales, por su parte, subrayaron que el acuerdo se logró en un contexto en el que el Gobierno y las patronales han lanzado un ataque sistemático contra la clase trabajadora, que incluye una regresiva reforma laboral que restringe derechos históricos y busca limitar, incluso prohibir, el ejercicio constitucional de la huelga.
Además, denunciaron que en esta actividad se sumó una campaña de desinformación contra las organizaciones gremiales y su legítimo reclamo por un salario digno. Frente a ello, afirmaron haber demostrado una firme voluntad de defensa de sus derechos con unidad y conciencia de clase.
