CÓRDOBA / REGIONAL | En un intento por frenar la ola de «retos virales» que afecta a las instituciones educativas, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba oficializó un nuevo protocolo: quienes realicen falsas amenazas deberán pagar los costos de los operativos policiales. En caso de que los autores sean menores de edad, la factura será enviada directamente a sus padres o tutores legales.
La medida busca desincentivar este fenómeno que, según las autoridades cordobesas, genera un gasto innecesario y crítico de recursos públicos.
El costo de una «broma»
El ministro de Seguridad de la provincia vecina, Juan Pablo Quinteros, fue categórico al explicar que cada una de estas situaciones moviliza brigadas de explosivos, bomberos, móviles policiales y personal de investigación científica.
«Se afectan capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia», sentenció el funcionario.
El impacto en la comunidad
El protocolo cordobés establece que se reclamará el monto total de la intervención estatal, que incluye el combustible, las horas de servicio del personal y el uso de recursos tecnológicos. Quinteros subrayó que estas conductas, además del gasto económico, «alteran el funcionamiento escolar y generan una angustia profunda en las familias».
Contexto local
Esta decisión de Córdoba se conoce apenas días después de que en el norte de La Pampa se registraran hechos similares en Realicó, Parera y General Pico. Como informamos en IMPACTO, el fiscal Guillermo Komarofsky ya advirtió que en nuestra provincia se están realizando allanamientos y secuestros de dispositivos, aunque por el momento en La Pampa no se ha anunciado una medida administrativa de cobro similar a la cordobesa.