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Con un guiño de Kicillof, proponen que el trabajo en plataformas tenga relación de dependencia y sueldo mínimo
Un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley que busca establecer la relación de dependencia para todos los trabajadores que prestan servicios en plataformas digitales, en contraste con la reciente Reforma Laboral aprobada en febrero, que los considera como prestadores independientes. La iniciativa garantiza una remuneración mínima, derechos a la conexión y desconexión, límites en la jornada laboral conforme a la legislación vigente, y una serie de obligaciones para las plataformas, incluyendo transparencia algorítmica y la provisión de estaciones sanitarias gratuitas para los trabajadores.
El proyecto cuenta con el respaldo del gobernador Axel Kicillof y fue elaborado por el diputado Hugo Moyano (hijo), abogado y asesor de gremios, vinculado al líder camionero Hugo Moyano. Se estima que entre 800 mil y un millón de personas trabajan actualmente en plataformas como Rappi, PedidosYA, Uber, Cabify y DIDI, desempeñándose como repartidores o conductores.
Con un enfoque regulatorio marcado, el proyecto se opone a la reforma laboral que definió a estos trabajadores como independientes, sujetos a pagos directos de los usuarios finales. Moyano destacó a Clarín que “la presunción del trabajo y la transparencia algorítmica son puntos clave” y señaló que, aunque es un tema poco legislado a nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya avanzó en recomendaciones vinculadas al “trabajo decente en la economía de plataformas”. Como referente mencionó la “ley Rider” de España, aprobada en 2021.
El proyecto remarca que, aunque la tecnología cambió —de tableros electrónicos y líneas de montaje a algoritmos—, permanece la necesidad de protección para los trabajadores. Sin embargo, la implementación de la ley Rider en España enfrentó múltiples dificultades y resistencias empresariales, llegando incluso a que plataformas como Deliveroo abandonaran el país, desvinculando a sus 3 mil empleados. Además, algunos “riders” españoles vieron reducidos sus ingresos al transformarse en empleados dependientes y al limitarse la posibilidad de trabajar para múltiples plataformas.
El respaldo de Kicillof, uno de los principales presidenciables de la oposición, se evidenció también en la firma de diputados afines, como Jorge Taiana, Hugo Yasky, Juan Marino, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, del Frente Renovador. Recientemente, Kicillof celebró una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que reconoció a los repartidores de Rappi y PedidosYa como trabajadores en relación de dependencia, confirmando una multa millonaria contra Rappi por incumplimientos laborales y de seguridad e higiene. Aunque el fallo no define legalmente la relación laboral, sienta precedentes para futuras demandas.
Por su parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, prepara una mesa de diálogo para abordar la situación a partir de este antecedente. La jornada “Trabajo en Plataformas: Estado, empresas y derechos” se realizará el 13 de mayo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde se presentará un proyecto provincial que busca regularizar el trabajo en plataformas digitales.
El proyecto de Moyano apunta a un régimen especial que abarque todas las plataformas, definiéndolas como entidades que, mediante tecnologías digitales y gestión algorítmica, organizan y controlan el trabajo realizado por personas a cambio de una contraprestación económica.
Entre sus principales puntos, la iniciativa establece:
– La presunción de relación de dependencia entre el trabajador y la plataforma.
– Remuneración mínima garantizada, equivalente al salario básico del convenio colectivo aplicable o, en su defecto, al salario mínimo vital y móvil, más una retribución variable.
– Jornada laboral con límites máximos diarios y semanales conforme a la legislación y convenios colectivos.
– Derecho a conexión y desconexión voluntarias, sin obligación de permanencia ni asistencia mínima, y posibilidad de rechazar tareas sin represalias.
– Provisión gratuita por parte de las plataformas del equipo necesario y elementos de protección personal seguros.
– Garantía de que los vehículos y equipos cumplen normas de seguridad vigentes.
– Acceso gratuito a estaciones sanitarias durante la jornada laboral.
– Reconocimiento de los derechos sindicales, incluyendo libertad de organización, negociación colectiva y huelga.
– Transparencia algorítmica, que otorga a los trabajadores y sus representantes acceso a información detallada sobre los sistemas que afectan la asignación de tareas, determinación de tarifas, promociones, bonificaciones y motivos de suspensiones o bloqueos que incidan en el acceso al trabajo.
