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Cambios en la Justicia en una provincia clave: Llaryora impulsa un nuevo Procurador y apura la salida del Fiscal General
El gobernador de Córdoba Martín Llaryora avanza en un cambio clave en la Justicia. Hace unos días firmó el pliego que propone al actual juez de Control N° 5 Carlos Rubén Lezcano como fiscal General de Córdoba para suceder al actual fiscal general Juan Manuel Delgado, quien arrastra algunos cuestionamientos en su cargo.
La decisión de impulsar el pliego de Lezcano aparece como una señal del fastidio que hay en el Poder Ejecutivo con Delgado, el actual fiscal General cuyo mandato vence en marzo. Al exponer el pliego de su sucesor, Llaryora deja expuesto al fiscal general.
En el anuncio que hizo el Ministerio de Justicia de Córdoba, sostuvieron que el proceso de designación «se inicia con la debida anticipación para asegurar una transición ordenada con el actual Fiscal General, Dr. Juan Manuel Delgado, que permita mantener la profundización de las políticas de persecución penal que se están llevando a cabo en la Provincia».
La decisión se da cuando se impulsa en todo el país la aplicación del sistema acusatorio, que le da más poder a los fiscales en las investigaciones judiciales.
Lezcano llegó a esta postulación tras una larga carrera judicial, con más de 20 años de experiencia en el fuero penal. Fue designado como magistrado en 2003 a propuesta del por el entonces gobernador José Manuel de la Sota. Lezcano era un hombre cercano al actual senador Luis Juez, aunque el vínculo se terminó rompiendo. El alejamiento ocurrió cuando Juez estaba al frente de la Oficina Anticorrupción provincial
El pliego de Lezcano podría ser tratado este mismo mes, por lo que su designación dependería de hasta cuándo se quede en el cargo Delgado, el actual fiscal General. Con el anuncio de su reemplazo, Delgado queda en una situación sensible, casi sin poder y al borde de la renuncia. En los tribunales cordobeses entienden que Delgado ya no tiene más poder real.
En su cargo como juez, Lezcano elevó a juicio la causa por el asesinato del adolescente Blas Correas, en el marco de un operativo policial, caso que puso en jaque el Gobierno de Juan Schiaretti. Más acá, también llevó a juicio al exconcejal y puntero peronista Guillermo Kraisman, quien cayó por haber robado una bondiola en un supermercado.
En Córdoba, fuentes de la Justicia recuerdan que Delgado, el jefe de los fiscales salientes, arrastraba algunas polémicas. En marzo pasado, el abogado Facundo Garade Panetta presentó un escrito en el que lo acusó de mal desempeño, violencia institucional y tráfico de influencias, solicitando su juicio político ante la Legislatura provincial.
El documento describía presuntas maniobras que habrían tenido como objetivo intervenir, a través de sus socios en el estudio, de público conocimiento, y abogados allegados, en la causa civil “González Luis Tomás c/ TVF S.A.”. Según la denuncia, Delgado habría intentado beneficiar a una de las partes involucradas, en perjuicio directo de la familia Garade Panetta. También se lo señala por el uso del poder institucional para “amedrentar, difamar y condicionar” a funcionarios judiciales y periodistas críticos.
El pliego de Lezcano ahora deberá pasar el trámite legislativo. Si lo logra tiene por delante acelerar con el plan de territorialidad con el que el Gobierno provincial quiere combatir la inseguridad.
