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Alberto Fernández avanza con una telaraña jurídica y política para asfixiar a Fabiola Yañez y voltear la causa por violencia de género
La consecutiva aparición pública de Alberto Fernández -con una rocambolesca entrevista en el streaming Blender- y este sábado de Fabiola Yañez en el programa de Mirtha Legrand, no son más que la erupción visible de un volcán político que viene cocinándose al menos desde el verano y que tiene en el centro de la escena a los históricos operadores judiciales porteños Juan Manuel Olmos -kirchnerista- y Daniel Angelici -radical PRO- con un objetivo ambicioso: voltear el gravísimo expediente por violencia de género en el que expresidente tiene procesamiento confirmado y a punto de ser elevado juicio.
La trama es densa, y empezó a tejerse en enero, cuando la fiscal porteña Celsa Ramírez -cercana a la nutrida escudería judicial porteña que comanda Angelici- comenzó a investigar supuestas amenazas de Fabiola a Alberto Fernández. Casi de inmediato, el juez de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Christian Brandoni Nonell le prohibió a Fabiola comunicarse con su expareja, quien la había denunciado en su juzgado por «hostigamiento», y quería que regresase a Buenos Aires. Esa primera jugada fue clave para horadar una piedra dura: atraer el caso federal por violencia de género al más que amigable ámbito porteño.
El siguiente paso, el 23 de enero y en medio de la feria judicial, lo dio la Asesora Tutelar Paula Vaca -de excelente diálogo con el peronista Juan Manuel Olmos-, quien empezó a exigir el contacto del niño Francisco -que vivía en Madrid junto a Fabiola- con su padre, pese a que no tenía ningún impedimento en ir a visitarlo.
Mientras ese guiso se cocinaba, la exprimera dama de la Argentina también era seducida por promesas y asustada con fantasmas. Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro, los abogados que la representaron en Comodoro Py, bajo cuya labor Fernández fue procesado por lesiones leves -golpes en dos ocasiones- y graves agravadas, en los dos casos, por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, y por amenazas coactivas renunciaron cansados de sus sinuosos comportamientos frente al caso. En la mesa de Mirtha, Fabiola dijo que ella prescindió de sus servicios porque «no se sintió cuidada» pues «hablaron con Fernández». Extraño.
Al mismo tiempo, las pinzas de Fernández también operaban en Comodoro Py, donde dos fuentes mencionaron a Clarín a otro actor en las sombras: el ex fiscal e influyente abogado Maximiliano Rusconi, también cercano a Olmos.
El 6 de octubre, luego de una discreta audiencia, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de Alberto Fernández pero apartó al magistrado que tiene el caso, Julián Ercolini. La Sala II del tribunal, con el voto de los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, aceptó el pedido del expresidente, quien argumentó que había sido amigo de Ercolini pero ahora eran enemigos. Se sorteó un nuevo juez: Daniel Rafecas.
El 18 de octubre, y aunque había sido expresamente validado por la Casación, Fernández pidió a Rafecas que anule todo lo que hizo Ercolini. El juez, que tiene un vínculo personal con el expresidente -quien incluso lo propuso como candidato a Procurador General de la Nación- debe esperar a ser confirmado para responder, aunque es llamativo que no haya rechazado el sorteo.
Daniel Rafecas, el elegido de Alberto Fernández para la Procuración General. Su pliego nunca se votó y fue retirado cuando Milei llegó al poder.
Cuando la pelota estaba por cruzar la línea, y antes de renunciar a su trabajo, los abogados Gallego y D’Alessandro presentaron un recurso extraordinario ante la Corta para exigir que Ercolini permanezca en su puesto y dé la última puntada al caso por violencia de genero: la elevación a juicio oral, tal como ya pidió el fiscal Ramiro González en una copiosa resolución en agosto pasado.
Es decir que los tiempos para que Alberto Fernández y sus operadores judiciales completaran su telaraña se agotaban.
La puntada final del plan
Y se jugó a fondo. El 28 de octubre, con la firma de los jueces Jorge Franza y Luisa Escrich, la Cámara Penal de la ciudad entendió que la causa por violencia de género se debe acumular con la otra en la que el ex presidente denunció a Yañez por amenazas y donde también se analiza el régimen de visitas de Francisco, el hijo de ambos.
«Entendemos que la conflictiva intrafamiliar apuntada tendría un análisis más propicio dentro de un único fuero de intervención siendo este el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», resolvieron. Increíble, porque la discusión sobre la sede del expediente ya había sido dilucidada por completo el año pasado.
Ese pedido de cambio de jurisdicción debe ser analizado por el juez Rafecas. Si no comparte el criterio -la Cámara Federal lo había rechazado- será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que defina donde continúa el caso. Allí se acumulan varias decisiones pendientes importantes, entre ellas el envío a juicio oral del ex presidente.
Entretanto Fabiola Yañez, que vivía en Madrid con su hijo Francisco, volvió repentinamente a la Argentina por supuestas cuestiones familiares de su madre, quien la acompañaba allá. Casi de inmediato, España le revocó el permiso de residencia con el que vivía y trabajaba en la capital española, adonde ya no podrá regresar. En el reino no descartan un guiño de otro amigo de Alberto Fernández, el socialista presidente español Pedro Sánchez.
Un extraño robo en Madrid
Antes de embarcar hacia Buenos Aires, otro extraño -y hasta ahora desconocido hecho- ocurrió en el departamento de alquiler donde vivían Fabiola y Francisco: un singular robo, que ella hizo saber y atribuyó a enviados de su expareja pero no denunció, ni en Madrid ni en Buenos Aires. Cuando se lo preguntaron en la mesa de Mirtha Legrand, el rostro de Yañez empalideció, y apenas farfulló una respuesta que fue interrumpida. ¿Se trataba de alguna remesa de dinero con la que le habían prometido «solucionar» el problema de vivienda que tanto reclama? ¿Existen canales subterráneos entre Fabiola y Alberto para negociar pagos por fuera de los tribunales, en los que también ocurren acuerdos y traiciones?
