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Sueños Compartidos: Schoklender reveló que Aníbal Fernández le pagaba a un abogado a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo para inventar denuncias contra el PRO
El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, amplió este miércoles su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, que investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales.
En ese contexto, reveló que Eduardo Barcesat, abogado defensor de derechos humanos, mantuvo conversaciones con Hebe Pastor de Bonafini para que transmitiera a Aníbal Fernández, quien en ese entonces concentraba el control del Ministerio del Interior y Justicia, el interés de este último en iniciar una serie de denuncias permanentes contra funcionarios del PRO, requiriendo para ello financiamiento.
Schoklender señaló que Barcesat logró convencer a Bonafini, quien a su vez habló con Fernández, para crear un centro de investigación en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Este centro recibía un subsidio directo de Aníbal Fernández que iba a Barcesat, cuya única función era generar nuevas denuncias contra funcionarios del PRO.
Según los registros, en 2008, cuando Aníbal Fernández ejercía como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Barcesat fue nombrado profesor titular de Derecho Constitucional en dicha universidad. Schoklender aclaró que ese subsidio era fijo. Estas declaraciones se enmarcaron dentro de una enumeración sobre las distintas formas de financiamiento de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Además, indicó que recibieron un aporte del Ministerio de Trabajo destinado a completar los sueldos de los trabajadores, aunque ese dinero no ingresaba a la fundación sino que se depositaba directamente en cuentas de los empleados. Schoklender admitió que los recursos eran limitados y que la organización “se mantenía a pulmón”. También mencionó aportes provenientes del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, señalando que “alguno se perdió en el camino”.
Previamente, explicó que la fundación contaba con varias fuentes de ingresos, siendo la principal los excedentes del programa Sueños Compartidos, ya que “si uno hace las cosas bien y no paga coimas, sobra plata”. Otras fuentes incluían la fabricación de paneles, donaciones de grupos extranjeros, la venta de publicaciones, y aportes de artistas y celebridades a través de festivales.
Respecto a subsidios estatales, precisó que fueron esporádicos, como en el caso de una radio de las Madres de Plaza de Mayo, que recibió propaganda de la empresa concesionaria de la Hidrovía.
El juicio, que comenzó en febrero y se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico, investiga una presunta administración fraudulenta que tuvo lugar entre marzo de 2008 y junio de 2011. Durante ese período, la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió 748 millones de pesos del gobierno de Cristina Kirchner para la construcción de viviendas sociales en todo el país mediante el programa Sueños Compartidos.
La acusación sostiene que 206 millones de pesos de ese total fueron desviados y no se destinaron a la construcción de viviendas. El proceso cuenta además con un segundo tramo que indaga un presunto lavado de dinero a través de empresas vinculadas a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
En cuanto a antecedentes, el abogado Eduardo Barcesat presentó numerosas denuncias penales y pedidos de juicio político contra periodistas independientes y funcionarios del PRO durante la presidencia de Mauricio Macri. Entre sus acciones más relevantes se destacan:
– En 2019, promovió en España un juicio por lawfare contra periodistas que investigaron a Cristina Kirchner, incluidos Jorge Lanata, Nicolás Wiñazki, Luis Majul y Daniel Santoro. Ese mismo año se presentó como abogado del empresario kirchnerista Gerardo Ferreira.
– Denunció a Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Marcos Peña y Germán Garavano, entre otros ministros, por el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) en 2016, en particular el que declaró la emergencia en seguridad y autorizó el derribo de aviones, acusándolos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
– Acusó a Patricia Bullrich por presunta violación de secretos tras la difusión de datos sobre custodias y domicilios vinculados a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos.
– Presentó denuncias contra Mauricio Macri y Patricia Bullrich en relación con la desaparición de Santiago Maldonado, por presunta desaparición forzada, encubrimiento y abuso de autoridad.
– Contra Mauricio Macri y el entonces ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, por asistir al acto inaugural de la Sociedad Rural Argentina mientras el Estado litigaba judicialmente por la venta del predio de Palermo.
