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Se disolvió la SISU que manejaba Juan Grabois: los $200.000 millones y la pelea para ver ahora quién los gasta
La Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) tuvo una existencia fugaz, característica de proyectos que sorprenden por su alta rentabilidad en tiempo récord. Sin embargo, los miles de millones de pesos gastados no provinieron de inversiones privadas, sino de fondos públicos, es decir, del Estado y, por ende, de los impuestos de los ciudadanos.
Creada en 2018 con el propósito indiscutible de avanzar en la urbanización de las villas, durante largo tiempo la SISU fue una estructura casi vacía con buenas intenciones. Quienes conocen al ahora exdirigente social y piquetero Juan Grabois destacan que siempre quiso involucrarse en esta Secretaría, creada durante la gestión de Mauricio Macri, y que, pese a la rivalidad política, mantenía una relación sorprendentemente cordial con la entonces ministra Carolina Stanley.
Con el regreso del kirchnerismo al poder, Grabois —quien actualmente es diputado nacional— logró apropiarse de la SISU. “Siempre se creyó dueño de la pobreza y de los pobres”, lo definió un exministro que trabajó con él durante el gobierno de Alberto Fernández.
Gracias a su vínculo con Máximo Kirchner, uno de sus principales socios políticos, Grabois consiguió que el presidente Fernández le entregara la Secretaría con dos condiciones excepcionales: disponer de una gran suma de dinero y tener autonomía para el control de gastos.
De allí surgió el FISU, un fideicomiso creado para financiar exclusivamente a la SISU. Aunque la normativa que lo establecía data del gobierno de Macri, el fideicomiso se concretó recién en mayo de 2022, al finalizar la pandemia. Grabois supo aprovechar rápidamente esta oportunidad, logrando primero acuerdos con Cristina y Máximo Kirchner y luego con Alberto Fernández para controlar esos fondos.
En la estructura de la SISU y el FISU, Grabois ubicó a dirigentes de su entorno, como Fernanda Miño —vecina de San Isidro y actualmente diputada nacional— y Fernanda Monticelli, diputada provincial bonaerense. En su apogeo, la Secretaría llegó a tener 600 empleados, en su mayoría militantes de movimientos piqueteros vinculados a Grabois.
Actualmente, ni Grabois ni estas referentes suelen participar en manifestaciones callejeras, lo que contrasta con la visibilidad pública que tenían anteriormente. Más bien han logrado ocupar cargos públicos y legislativos con notable facilidad, reflejando una capacidad para insertarse en las estructuras estatales.
Durante la gestión de este equipo, se gastaron aproximadamente 1.244 millones de dólares, una cifra exorbitante según un informe que Miño difundió en redes sociales y luego eliminó, quizás por presión o vergüenza.
Tras las elecciones de 2023, el kirchnerismo perdió poder y el economista Javier Milei irrumpió con un discurso privatizador y de ajuste. No obstante, la SISU y el FISU continuaron siendo utilizados para fines políticos, con Karina Milei convencida de mantener ambas estructuras en funcionamiento.
El encargado de llevar adelante esta estrategia fue Sebastián Pareja, quien renunció a su banca de senador provincial para asumir al frente de la SISU. Su objetivo principal era utilizar la Secretaría para afianzar la influencia política en las barriadas del Conurbano bonaerense. Para ello, mantuvo una relación cordial con Grabois, al que elogió por los supuestos logros en la gestión.
Sin embargo, la estrategia electoral de Pareja en el Gran Buenos Aires fue un fracaso contundente. A pesar de ello, permaneció al frente de la Secretaría hasta diciembre del año pasado, cuando asumió su banca como diputado nacional.
Durante ese tiempo, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una postura crítica hacia Pareja y nunca liberó los fondos del FISU, que ascienden a unos 250.000 millones de pesos. Estos recursos se nutrían diariamente con un 7% del Impuesto País y porcentajes similares del impuesto al cheque.
Actualmente, la SISU está disuelta y esta semana concluye la mudanza de sus oficinas, que ocupaban dos pisos en el edificio histórico de YPF en Diagonal Norte. De los 600 empleados que llegó a tener, quedan apenas 100, distribuidos entre la Secretaría de Hacienda y otro inmueble en la intersección de Callao y Corrientes.
En el fideicomiso, creado para eludir controles, permanecen aún sumas millonarias de fondos públicos sin definición clara sobre su destino.
Exfuncionarios peronistas que trabajaron con Grabois durante el kirchnerismo no olvidan las irregularidades denunciadas en torno a sus manejos. Inicialmente, bajo el gobierno de Macri, mediante la ministra Stanley y el operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, se le entregaron importantes fondos para el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
Con el regreso de los K, Grabois intentó crear y administrar otro registro nacional para personas en situación de calle, iniciativa que fue rechazada por imposibilidad de control y sospechas de malversación. Un exmiembro del gabinete de Fernández afirmó a Clarín que “todos saben lo que Grabois hizo con las cajas; basta preguntar a los intendentes cómo compraron terrenos enormes con fondos del FISU sin pasar por los concejos deliberantes”.
Respecto a los recursos aún existentes en el fideicomiso, el ministro Caputo desconoce el destino final. Incluso, otras carteras con orientación libertaria exploraron la posibilidad de acceder a esos fondos, con mayor éxito que Pareja, pero sin que hasta el momento se haya resuelto su administración.
