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Reforma laboral: el Gobierno analiza permitir que las pymes puedan «compartir» el mismo fondo para despidos
El Gobierno evalúa permitir que las pequeñas y medianas empresas (pymes) con pocos empleados puedan conformar un fondo conjunto para cumplir con la ley de reforma laboral, que establece la creación obligatoria de un fondo especial para financiar posibles despidos. La propuesta contempla la creación de un «vehículo» financiero que facilite la agrupación de estas empresas para que compartan un mismo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), administrado por una sociedad de bolsa o banco.
La reglamentación correspondiente a este segmento aún no ha sido publicada y, según lo previsto en la ley, el sistema de financiación de estos fondos debería comenzar a funcionar el próximo mes. Esta medida es una de las principales novedades de la reforma laboral y resulta obligatoria para todas las empresas que tengan empleados, sin importar su tamaño ni la cantidad de contratados.
Desde el Ejecutivo reconocen que para las empresas más pequeñas constituir un fondo individual a través de sociedades de bolsa o entidades financieras puede resultar un trámite complejo y consideran inviable la existencia de un fondo distinto para cada empleador en la economía argentina. Estiman que la proliferación de miles de fondos nuevos representaría un problema operativo para el mercado local. Según datos de PwC, 2,7 millones de personas trabajan en pymes, lo que representa un 45% del total de empleados formales en el sector privado.
Fuentes oficiales indican que una posible solución es habilitar un vehículo financiero que permita agrupar a micro y pequeñas empresas en un mismo FAL. La modalidad concreta formará parte de la reglamentación detallada de la ley, cuya fecha de publicación aún no está definida. En la práctica, esto implicaría que una sociedad de bolsa o banco ofrezca un «FAL pyme» al que puedan adherir numerosas empresas para cumplir con esta obligación legal. Esta alternativa ya fue debatida recientemente en el propio mercado financiero.
Desde el sector señalan que, para este segmento de “empleadores minoristas”, los bancos tradicionales podrían tener un rol preponderante frente a las sociedades de bolsa debido a que probablemente ya mantienen convenios para la acreditación de sueldos. De esta manera, el banco solo debería ofrecer la constitución del FAL como un servicio adicional. Representantes del sector bancario calificaron al FAL como “un producto interesante” para su cartera de clientes, aunque prefieren esperar la reglamentación antes de emitir una postura formal.
En términos generales, el sistema estipula que todos los empleadores deberán constituir un FAL y destinarán un porcentaje de los aportes a la seguridad social: 1% para grandes compañías y 2,5% para pymes. Según PwC, esto implicará un aporte anual al mercado de capitales cercano a los 2 billones de pesos, que deberán invertirse de forma rentable para preservar su poder adquisitivo.
Estos fondos dejarán de canalizarse hacia la Anses como aportes de seguridad social y se acumularán mensualmente en el vehículo financiero, que invertirá en el mercado. El dinero solo podrá utilizarse para cubrir indemnizaciones por despido o litigios laborales si fuese necesario.
La ley establece que el sistema debería entrar en vigor el 1º de junio. Para ello, resta que el Ministerio de Economía avance con un decreto reglamentario y que la Comisión Nacional de Valores (CNV) emita la normativa específica, donde se definirá un aspecto clave para el mercado: qué tipo de inversiones estarán habilitadas dentro de este nuevo instrumento financiero.
En caso de demoras por cuestiones judiciales o reglamentarias, la ley prevé la posibilidad de postergar su implementación hasta seis meses.
En general, el mercado valora positivamente la puesta en marcha del FAL. Un informe de Adcap Grupo Financiero destacó que su desarrollo podría facilitar la emisión de títulos públicos a plazos más largos por parte del Tesoro, tanto en pesos como, eventualmente, en dólares. Añadieron que, dada la vinculación de los salarios con la inflación, los instrumentos ajustados por CER serían los principales beneficiarios en una primera etapa.
