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Reactivan la causa contra un ex «pluma» de la Policía Federal y hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reactivó este lunes la investigación por espionaje ilegal a jueces y funcionarios, encuadrándola como una asociación ilícita. En ese marco, citó a declaración indagatoria al ex espía de la Policía Federal Ariel Zanchetta, al hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y a un nuevo sospechoso: Tomás Patricio Hválica, creador del sitio DARK PFA, desde donde se podía acceder a bases de datos de la deep web de cualquier persona seleccionada.
Zanchetta, ex integrante de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Federal, enviaba mensajes reservados al diputado y ex director de Contrainteligencia Rodolfo Tailhade y poseía datos de espionajes a figuras como Sergio Massa y el ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman, entre otros numerosos “objetivos”.
Las indagatorias quedaron fijadas para los próximos días: Zanchetta será interrogado el 17 de junio, Nuñes Pinheiro el 19 y Hválica el 24, todas de manera remota vía Zoom.
Martínez De Giorgi ordenó además de forma urgente al Jefe de la División de Análisis de Evidencia Digital Forense de Gendarmería Nacional que continúe con el estudio de los elementos pendientes, estableciendo pautas para profundizar el análisis de ese material.
La causa, que tiene múltiples líneas de investigación, incluye la denuncia sobre la creación de líneas telefónicas a nombre de ministros de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros— y el hackeo sufrido por dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, así como por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que llevaban adelante el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner. También fueron afectados el entonces diputado Diego Santilli y el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Nuñes Pinheiro fue detenido inicialmente y reconoció que, en agosto de 2022, recibió encargos mediante la aplicación Telegram del usuario “ElJuanxd” para intervenir celulares mediante la técnica de SIM swapping, que consiste en la duplicación del chip de un teléfono. El objetivo eran los dispositivos de jueces y funcionarios. Tras recibir el pago mediante billeteras digitales, “ElJuanxd” desapareció, afirmó el joven en su declaración, asegurando no poder identificarlo.
Por su parte, Ariel Zanchetta, también detenido y procesado, fue quien el día del hackeo a Borinsky buscó los datos del juez en la base SudamericaData, donde realizó unas dos mil búsquedas en 2022 sobre magistrados, políticos y artistas, varios posteriormente hackeados. Zanchetta se presentó como periodista, pero sus propias comunicaciones revelaron su condición de agente inorgánico de la SIDE, según la fiscalía. Además, recibió pagos de la AFIP, entidad en la que trabajaba el dirigente de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez.
El análisis de los dispositivos incautados a Zanchetta permitió imputar y ordenar el allanamiento a Rodríguez, quien coordinaba “objetivos” y operaciones con el espía y mantenía conversaciones con el diputado Tailhade. “Conu” Rodríguez evitó ser detenido en las oficinas donde trabajaba y se presentó en tribunales para entregar sus dispositivos cinco días después.
Ahora, Martínez De Giorgi convocó a indagatoria a Tomás Patricio Hválica, creador de DARK PFA, plataforma que permitía acceder a bases de datos de la deep web. En 2023, Nuñes Pinheiro declaró que utilizaba esa página para obtener información necesaria para sus hackeos, hechos que fueron revelados también por Tailhade, quien señaló la difusión de datos de funcionarios y jueces en sitios de la Dark Web y medios afines al kirchnerismo.
En este contexto, el juez federal advirtió a la jueza porteña Araceli Martínez, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 29, sobre el avance de la causa por asociación ilícita en su jurisdicción y le requirió detalles de su expediente. La jueza Martínez había solicitado al juzgado de Martínez De Giorgi el pasado viernes que se le “certificara” la causa, ante la posibilidad de sellar un juicio abreviado entre Nuñes Pinheiro y la fiscalía por presuntos delitos contemplados en los artículos 153 bis (violación de secretos y privacidad) y 197 (irrupción en las comunicaciones) del Código Penal.
El acuerdo, previsto para este lunes, implicaba la devolución de todas las pruebas secuestradas. Sin embargo, el juez federal informó a la jueza porteña que Nuñes Pinheiro ya había sido procesado por su participación en varios delitos, entre ellos asociación ilícita, con prisión preventiva y embargo de bienes. Aunque excarcelado desde abril de 2024, sigue citado a indagatoria en el nuevo trámite.
Martínez De Giorgi solicitó conocer medidas adoptadas, víctimas y avances en la causa que tramita la jueza porteña antes de cualquier decisión que pudiera afectar su propia investigación, dejando en claro su intención de preservar la continuidad del proceso federal.
La jueza Araceli Martínez recibió en 2022 la denuncia del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro por el hackeo de su celular. A comienzos de diciembre de ese año, en vísperas de la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad, se difundieron supuestos diálogos entre el funcionario y jueces relacionados con la divulgación de un viaje a Lago Escondido.
