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La historia de la banda que hackeó bases públicas para cambiar identidades y recaudar 130 millones de pesos
Benjamín Domado por Lexx es un nombre registrado oficialmente en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), pero en realidad no existe ninguna persona con esa identidad. Una organización de hackers modificó esa identidad, aparentemente como una broma, y además comercializaba el acceso a bases de datos de organismos nacionales. De esta manera, habrían recaudado al menos 130 millones de pesos en el último año, generando un problema de seguridad nacional cuyas dimensiones son difíciles de cuantificar.
La investigación, que se originó en una causa judicial, derivó esta semana en 11 allanamientos en distintas provincias del país y en la detención de siete personas, según fuentes judiciales consultadas por Clarín. Lejos de concluir el expediente, este avance inaugura una nueva etapa en la que se analizarán los celulares y computadoras secuestrados y se trabajará en la identificación de más involucrados en esta modalidad delictiva: organizaciones criminales digitales cuyos integrantes no se conocen en persona pero poseen gran capacidad de daño.
Se comprobó que, mediante al menos una docena de cuentas en la red social Telegram, se comercializaba el acceso ilegal a bases de datos de organismos nacionales. Cada acceso, limitado a una sola consulta, tenía un costo que oscilaba entre 8 mil y 14 mil pesos.
Entre las bases de datos vulneradas se encuentran las del RENAPER; la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA); el Sistema de Gestión Hospitalaria (SIGEHOS); el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP); la Dirección Nacional de Vialidad (DNVN); el Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA); el PAMI; el sistema SUBE; las policías de San Luis y Santa Cruz, y la aplicación “Mi Argentina”, entre otras.
Esto implicó que información oficial, sensible y confidencial de toda la población argentina quedara disponible para quien pagara por acceder a ella. Datos como la identidad de prófugos de la justicia, domicilios, cuentas bancarias y bienes personales estaban al alcance de la organización. “El acceso era ilimitado y no sabemos qué información se obtuvo y con qué fin: si fue para extorsionar, robar o presentar denuncias”, señaló a este medio uno de los investigadores.
La causa comenzó en marzo del año pasado, tras una investigación preliminar realizada por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), quienes presentaron una denuncia penal. Se detectaron canales de Telegram que ofrecían acceso a bases de datos mediante cuentas con nombres como “CorvusDoxBot”, “AfaArgBot”, “Laburados_BOT”, “ElSobrino_BOT”, “Renacer Bot”/“ExpertoPDF_Bot”, “ArgentinaDataaBot”, “LaxorusBot”, “Dniclub_Bot”, “Movistar_Bot”, “Buscadoss_Bot” y “NoLaVenBot”.
El fiscal federal Ramiro González quedó a cargo de la investigación, que comenzó con la incorporación de un agente encubierto digital: un oficial de una fuerza de seguridad federal que se infiltró en estos canales de Telegram presentándose como comprador de información. Esto permitió comprender el modus operandi y avanzar en la identificación de los responsables.
Cada cuenta proporcionaba un enlace para acceder al sistema hackeado solicitado, limitado a la obtención de un solo dato. Por cada acceso se cobraba un monto entre 8 mil y 14 mil pesos. Los hackers usaban una modalidad que dificultaba la detección de la intrusión: se valían de convenios entre organismos públicos y entes descentralizados autorizados a acceder a sus bases. La organización violaba a esos entes, infiltrándose silenciosamente por esa vía.
Los pagos se realizaban mediante billeteras virtuales y direcciones de criptoactivos desvinculadas directamente de los miembros de la organización. Utilizaban dos métodos para ocultar la identidad: cuentas asociadas a otras para dificultar el rastreo y el uso de “mulas”, es decir, personas reales a quienes se usurpaba la identidad para abrir cuentas a su nombre, donde se recibían los pagos. En algunos casos, estas personas aceptaban colaborar a cambio de sumas de hasta 30 mil pesos.
Según la Fiscalía, la organización ilegal recaudó más de 130 millones de pesos en un solo año a partir de la venta de accesos a estas bases. “La entidad económica de las maniobras descriptas, un caudal superior a los ciento treinta millones de pesos ($130.000.000) entre las distintas plataformas relevadas, sin perjuicio de las operaciones cursadas en moneda extranjera y criptoactivos, y la sofisticación con la que los investigados han fragmentado, redistribuido y convertido los flujos económicos producidos por su actividad ilícita”, sostiene la acusación.
Además de estas actividades, la investigación detectó una alteración específica en la base del RENAPER considerada peligrosa: uno de los integrantes de la organización modificó la identidad de otro involucrado, registrándola bajo el nombre “Benjamín Domado por Lexx”, tal como confirmó el organismo.
Esta semana, a solicitud del fiscal González, el juez federal Sebastián Ramos ordenó los 11 allanamientos en distintas provincias. Se detuvo a siete personas imputadas por los delitos de violación de secretos, acceso indebido a sistemas de información, sustracción y alteración de registros oficiales, daño informático calificado y asociación ilícita.
La mayoría de los acusados son menores de 30 años, y dos de ellos son menores de edad. Según los investigadores, probablemente no se conocen personalmente y mantienen vínculos exclusivamente virtuales.
Durante los
