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En medio de la mora récord de los créditos, una provincia lanza un plan para desendeudar a empleados públicos y privados
El gobierno de Santa Fe lanzó un plan de desendeudamiento dirigido a trabajadores públicos y privados, en un contexto marcado por el aumento de la mora crediticia y el deterioro del ingreso disponible de los hogares.
La iniciativa, presentada por la administración de Maximiliano Pullaro, busca limitar el peso de las deudas sobre los salarios y ofrecer mecanismos de refinanciación más accesibles. El denominado Plan de Protección de los Ingresos contempla una serie de medidas orientadas a empleados estatales, jubilados, trabajadores del sector privado y autónomos cuyos ingresos se ven afectados por descuentos vinculados a créditos.
Desde el Ejecutivo provincial informaron que el objetivo es aliviar la carga financiera mediante la refinanciación de deudas y, en el caso del sector público, garantizar que las deducciones no superen el 25% del salario.
La presentación estuvo a cargo de la vocera del gobierno, Virginia Coudannes, junto al ministro de Economía, Pablo Olivares, y la secretaria de Función Pública, Malena Azario. Durante el acto, se destacó que la propuesta combina herramientas de alivio inmediato con instancias de educación financiera y asesoramiento institucional. “Se trata de una experiencia inédita en el país y en Santa Fe”, afirmó Coudannes, quien agregó que la iniciativa busca “recuperar margen en el ingreso disponible” de las familias.
El lanzamiento se produce en un escenario de creciente deterioro en los indicadores crediticios. Según datos oficiales citados por la provincia, la morosidad en el sistema financiero tradicional pasó del 10,6% en enero al 11,2% en febrero, mientras que en los créditos no bancarios —como fintech y billeteras digitales— la irregularidad alcanzó el 29,9%.
A nivel local, el 33% de los empleados estatales registra descuentos por créditos en sus recibos de sueldo, de los cuales alrededor de 12.000 superan el umbral del 25% de afectación salarial. A este grupo se suman 7.000 jubilados y aproximadamente 60.000 trabajadores privados y autónomos en situación similar.
El plan se estructura en cuatro ejes principales. En primer lugar, se avanzará en el reordenamiento del sistema de códigos de descuento mediante un reempadronamiento de las entidades adheridas. En segundo término, se reducirá el límite de afectación salarial, que actualmente está en 50%, y se establecerá en 25%.
El tercer componente apunta a adecuar las deudas vigentes a ese nuevo tope, mediante la refinanciación con las entidades acreedoras a tasas más bajas o la transferencia de saldos a otras instituciones. En caso de no alcanzar un acuerdo, el Estado provincial podrá intervenir con asistencia financiera a tasa cero para cubrir la diferencia, la cual será recuperada una vez que la cuota mensual se reduzca por debajo del límite establecido.
Por último, se habilitarán nuevas líneas de crédito destinadas a la consolidación de deudas, con plazos de hasta 60 cuotas y dos meses de gracia. Este mecanismo permitirá unificar compromisos en un solo préstamo, aunque quienes accedan no podrán tomar nuevos créditos mediante código de descuento hasta cancelar la operación.
El programa también incorpora medidas específicas para el sector privado. Entre ellas, se prevé una línea del Banco de Santa Fe para cancelar deudas a largo plazo con tasas por debajo del promedio del mercado, así como acuerdos con cámaras empresariales para promover esquemas sectoriales de desendeudamiento. Además, se convocará a entidades financieras para ampliar la oferta de créditos de consolidación.
En paralelo, el Banco Solidario —dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano— implementará medidas orientadas a trabajadores con ingresos irregulares, un segmento que suele enfrentar mayores dificultades para acceder al crédito formal.
