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Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos
Gabriel Mizzau, contador del exjuez Marcelo Bailaque y del líder narco Esteban Alvarado, se convirtió en las últimas horas en un nuevo arrepentido en la causa que investiga la corrupción judicial en Rosario. Según fuentes judiciales, Mizzau aportó a los fiscales detalles sobre el patrimonio de Bailaque vinculados al narcotráfico, actividad que el juez debía investigar. Además, reconoció haber lavado dinero para las empresas controladas por Alvarado. El acuerdo de colaboración se conoció horas antes de que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura defina si envía a juicio político al juez Gastón Salmain, otro magistrado de Rosario procesado por corrupción.
La figura de Mizzau es central en la causa. La suerte de Bailaque comenzó a sellarse a mediados de 2024, cuando se reveló que el hijo del contador Alvarado trabajaba en el juzgado bajo sus órdenes, mientras el magistrado debía investigar al capo narco, jefe de una de las estructuras delictivas más importantes del país. Fiscales federales denunciaron a Bailaque en 2019 por obstruir la investigación contra Alvarado. Más adelante se descubrió que Mizzau no solo era contador del narco, sino también del propio juez.
Según lo trascendido, ante la inminencia del juicio oral, Mizzau reconoció ante un equipo de fiscales que, entre 2014 y 2018, prestó asesoramiento contable a las firmas Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL, pertenecientes a Alvarado, para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Además, admitió haber manipulado estados financieros para impedir ser detectado. También aportó “información de carácter patrimonial vinculada” a Bailaque, considerada clave en la investigación. Según el acuerdo de colaboración, el Ministerio Público recomendaría para Mizzau una pena de tres años de prisión condicional.
Bailaque está acusado de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica en documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos, en el marco de una trama de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”. Se encuentra a un paso del juicio oral, donde los fiscales ya solicitaron una pena de diez años de prisión.
El exjuez renunció el año pasado para evitar un juicio político; su dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei, y desde entonces permanece detenido en prisión preventiva. Para ese momento, el equipo fiscal de Rosario, junto con PROCUNAR y PROCELAC, avanzaba en la investigación, que se complicó aún más tras el arrepentimiento de Carlos Vaudagna, exjefe de AFIP Rosario. Vaudagna confesó cómo se orquestó en el juzgado de Bailaque la confección de una causa para extorsionar a financistas, en una maniobra donde intervinieron el operador judicial Santiago Busaniche y el empresario Fernando Whpei, todos procesados.
Por otro lado, Fernando Whpei también solicitó ser imputado-colaborador y reveló cómo gestionó, a través de Busaniche, que el juez Salmain le concediera una medida cautelar para su empresa, que le permitió acceder a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández, a cambio de una coima de 200 mil dólares para el juez. En esa causa, Salmain está procesado y con prisión preventiva confirmada, aunque la detención no se concretó debido a sus fueros como magistrado.
Mañana a las 10:30, la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá para decidir si vota el dictamen que recomienda enviar a juicio político a Salmain, tras haber escuchado sus explicaciones la semana pasada. El juez no solo está acusado por esta causa judicial, sino también por haber mentido en el concurso para ser juez de la Nación: omitió declarar que en 2002 fue separado del Poder Judicial por haber ofrecido una coima a una empleada para manipular un sorteo en el fuero de la seguridad social. Ante los consejeros, Salmain manifestó que ese hecho “es parte del pasado” y que la omisión se debió a que no le preguntaron al respecto.
La Comisión de Acusación está presidida por el consejero Alberto Maques e integrada por Álvaro González, Gonzalo Roca, César Grau, Luis Juez, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.
