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El Gobierno elimina el capítulo de un proyecto de ley que abría paso al desalojo en los barrios populares
Tras las críticas de la Iglesia católica, el gobierno nacional decidió eliminar de un proyecto de ley sobre la “inviolabilidad de la propiedad privada” el capítulo que suprimía la suspensión de desalojos en todos los casos, aceleraba la restitución de viviendas y terrenos y establecía un juicio sumarísimo para expulsar rápidamente a quienes no paguen el alquiler, habiten una casa tomada u ocupen un terreno.
Según fuentes consultadas por Clarín, la decisión se adoptó luego de constatar que el proyecto no contaba con los votos necesarios en el Senado debido a la resistencia que generaba ese capítulo, tanto entre legisladores de la oposición tradicional como entre aquellos que suelen acompañar iniciativas oficiales. La Casa Rosada busca así asegurar la aprobación del resto del proyecto.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había provocado preocupación en la Iglesia católica y en organizaciones como Techo, que la consideraban un intento de erradicar las villas a nivel nacional y de frenar la aplicación vigente del “Régimen de regularización dominical para la integración socio urbana”.
Dicho régimen, establecido por la ley 27.453 —aprobada por unanimidad en 2018 y modificada casi unánimemente en 2022— declara de interés público la integración urbana, suspende los desalojos y facilita la expropiación para avanzar en la instalación de servicios básicos como cloacas y redes eléctricas, además de promover la concesión de títulos de propiedad a familias vulnerables.
Previo a esta ley, se realizó un relevamiento nacional que identificó 6.467 barrios populares con más de cinco millones de habitantes y dio origen al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Desde la Iglesia destacan que la mayoría de estos barrios existen hace más de 20 años, siendo consecuencia del déficit estructural de acceso a la tierra y la vivienda.
“No estamos ante una usurpación actual gestionada por una mafia, ni frente a un riesgo de ocupación coyuntural de viviendas o terrenos particulares, sino ante una realidad extendida y prolongada que incluso abarca tierras fiscales, constituyendo un problema social de gran envergadura, cuya forma de abordaje generó un consenso importante”, señalaron desde la Iglesia.
Un informe eclesiástico detalló que la ley “revirtió situaciones históricas de marginación habitacional y produjo resultados concretos a nivel nacional: se emitieron 868.991 certificados de vivienda familiar, de los cuales 13.038 se entregaron durante el actual gobierno”. Además, impulsó obras de integración socio urbana en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la creación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
El informe advirtió que la eliminación de la suspensión de desalojos “rompe las condiciones mínimas de estabilidad indispensables para cualquier proceso de regularización dominical” y enfatizó que “la vigencia de la norma actual garantiza condiciones mínimas de estabilidad en la tenencia e impide desplazamientos masivos de familias”.
El capítulo del proyecto ahora descartado también preveía la paralización de las obras sociales vinculadas, que abarcan más de 1.200 proyectos, servicios en 24.000 lotes y 250.000 mejoras habitacionales, así como el desmantelamiento de la subsecretaría de Integración Socio Urbana, creada por la ley vigente.
Estas obras estaban financiadas con recursos del FISU, constituido mediante un porcentaje del impuesto PAIS; sin embargo, tras la eliminación de este impuesto por el actual gobierno, parte de esos fondos quedaron sin reemplazo ni asignación en el presupuesto nacional, lo que significó un abandono por parte del Estado a esta transformación social.
Desde el gobierno argumentaron que durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando el área estuvo a cargo de Fernanda Miño, próxima a Juan Grabois, “se hacía un uso político de las obras, que además eran fuente de corrupción”. En la Iglesia reconocen que el Estado debe investigar estas situaciones, pero sostienen que eso no justifica clausurar una iniciativa valiosa.
Asimismo, indicaron que el FISU era auditado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Sindicatura General de la Nación y la Universidad Católica Argentina. También recordaron que Sebastián Pareja, sucesor inicial de Miño y hombre de confianza de Karina Milei, reconoció que se estaba realizando un buen trabajo en el área.
Durante su reciente exposición en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado, el presidente de Cáritas Argentina y arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, afirmó que la ley vigente “no va contra la propiedad privada, sino a favor de que todos tengan su casa”.
Carrara se preguntó “dónde vamos a albergar a cinco millones de personas, más de la mitad menores, en caso de que sean desalojadas” y subrayó que “el Estado tiene la obligación de proteger a los más vulnerables, pero también de ofrecerles la posibilidad de ser protagonistas de su desarrollo mediante su participación en el proceso”.
