SANTA ROSA | Representantes de las áreas de salud mental de 15 provincias argentinas, incluida La Pampa, emitieron un documento conjunto en el que expresan su firme rechazo al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) impulsado por el Gobierno nacional. El eje del reclamo se centra en la propuesta de eliminar la obligatoriedad de inversión por parte del Estado nacional en esta materia.
El subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa, Martín Malgá, se encuentra entre los firmantes del comunicado que ratifica la vigencia de la actual normativa, calificándola como un marco «adecuado y ajustado a los modelos de consenso internacional».
Defensa del sistema público
El documento destaca que, ante el aumento sostenido de la demanda de atención por factores sociales, es el subsector público el que ofrece la mayor parte de las respuestas. En este sentido, las provincias firmantes señalaron que los desafíos actuales no residen en la ley vigente, sino en la necesidad de mayor inversión.
«La Ley Nacional de Salud Mental no representa ninguna dificultad para dar plena respuesta, sino que los desafíos se encuentran en la necesidad creciente del aumento de las inversiones y mejoras en los estándares de calidad», reza el comunicado.
El reclamo por recursos humanos e infraestructura
Las autoridades provinciales hicieron hincapié en que cualquier transformación del modelo de atención requiere garantizar:
La continuidad de la formación específica de recursos humanos.
El fortalecimiento de la infraestructura sanitaria.
Políticas sostenidas de acceso a medicamentos.
Finalmente, las 15 jurisdicciones exigieron la reanudación del funcionamiento del COFESAMA (Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones) como el ámbito institucional para discutir políticas federales. Reclamaron ser parte vinculante de cualquier debate normativo, dada su responsabilidad directa en la gestión cotidiana de la salud de la población.