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Renuncias y nuevas reglas reordenan la estrategia de ciberseguridad del Estado
Ariel Waissbein, entonces titular del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), presentó su renuncia el 20 de octubre, el mismo día en que iba a realizarse una jornada con empresas del sector que había sido cancelada la noche anterior. También dejó el cargo el subdirector, Ezequiel Gutesman. El cambio se produjo en medio de una relación deteriorada con la nueva conducción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, de la que depende el organismo.
El equipo saliente trabajaba en un centro nacional de operaciones de ciberseguridad (SOC) sobre infraestructura de ARSAT en Benavídez. El proyecto preveía que analistas monitorearan redes de ministerios y otros organismos, detectaran amenazas y coordinaran respuestas. Había documentos preparatorios para contratar equipamiento, licencias y servicios, pero la puesta en marcha aún dependía de pasos administrativos y de contar con recursos y personal.
La gestión anterior sostuvo que durante varios meses tuvo fondos insuficientes para contratar especialistas o comprar licencias. Entre los avances que dejó, el CNC aprobó en mayo una disposición para que los organismos nacionales inventaríen sus sistemas y preparen planes para sostener o recuperar servicios ante interrupciones. En paralelo, el recambio alcanzó al CERT.ar: el 26 de octubre fue despedido su coordinador, Ariel Cessario. El informe anual de ese equipo registró 520 incidentes en 2025 y, para octubre de 2026, ya contabilizaba 800.
El nuevo director del CNC es Walter Fabián Agüero, designado a principios de noviembre. Su llegada coincide con dos vías de financiamiento cuyo vínculo todavía no está aclarado: un préstamo del BID por 30 millones de dólares, aprobado en 2023 para equipar un centro gubernamental, y un anuncio de la Embajada de Estados Unidos por 15 millones para instalar el SOC en ARSAT. Además, en septiembre el Departamento de Estado había abierto una convocatoria por 139 millones de dólares para asistir en el diseño y puesta en funcionamiento del centro; la información publicada no identificaba a un adjudicatario.
También cambió el marco para comprar equipamiento de redes críticas. Una disposición del 6 de noviembre estableció requisitos que, para los equipos de mayor sensibilidad, incluyen una certificación que excluye a fabricantes alcanzados por listas de restricciones estadounidenses, entre ellos Huawei y ZTE. La norma se aplica a compras iniciadas una vez transcurridos 90 días de vigencia. La revisión de equipos ya instalados dependerá de su nivel de riesgo, y una eventual orden de reemplazo deberá estar justificada: no se dispuso un recambio automático de toda la infraestructura existente.
Agüero deberá definir cuánto del diseño previo se retoma y cómo se coordina el nuevo centro con los recursos del BID y el programa estadounidense. También resta conocer cómo se aplicarán los requisitos a la infraestructura de ARSAT, donde parte de la Red Federal de Fibra Óptica utiliza tecnología de Huawei. La Secretaría de Innovación no respondió las consultas periodísticas sobre las renuncias, el SOC, los fondos y las futuras contrataciones, por lo que esos aspectos permanecen sin aclaración oficial.
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