* Por Bruno Rodríguez, integrante de “Jóvenes por el Clima Argentina”
Hoy en día Mendoza atraviesa la peor crisis hídrica de los últimos años: se espera que, a comparación con el año pasado, este verano haya un 11% menos de agua en el caudal de los ríos que conforman las cuencas Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel, Malargüe y Grande. Las grandes corporaciones buscan mercantilizar la naturaleza y explotar los territorios para sus ganancias, tenemos motivos suficientes como para demostrar que es imprescindible que cuidemos nuestros bienes naturales. Diariamente militamos por un modelo socioproductivo que priorice la defensa y promoción de los derechos del pueblo; esto nos impulsa a exigir que se implementen políticas de concientización ambiental con un enfoque social. No hay duda ni discusión: la crisis climática y ecológica es un asunto de Derechos Humanos que atraviesa tanto el presente como el futuro.
La Ley N° 7722 o la “Ley guardiana del agua y la vida”, es imprescindible como instrumento de protección ambiental que regula la actividad minera por medio de la prohibición de sustancias químicas altamente tóxicas en los procesos de extracción de minerales. Además, establece mecanismos de protección del agua. En palabras más simples, pone los límites necesarios para que no nos envenenen a diario. Todo esto se elimina y a su vez se reducen los controles ambientales con la modificación de ayer. Con total seguridad, eso nunca tendría que haber ocurrido, porque la habilitación de los proyectos mineros sin controles profundiza el estado de crisis hídrica en Mendoza a costa de nuestra salud y en pós de unos pocos millonarios que se enriquecen compulsivamente. Para entender mejor la dimensión del problema, en Mendoza, por ejemplo, además de las vidas, están en riesgo los modelos agricultores, la cosecha para vino, y así arruina puestos de trabajo y corta con una cadena fundamental para la producción nacional, además de degradar las siembras, y con ello la sustentabilidad económica general. El pueblo ya se había expresado: ¡El agua y la naturaleza son recursos nuestros y debemos defenderlos!
Claramente, los movimientos sociales, desde los barrios populares, son quienes padecen las peores consecuencias de la violencia ambiental y deben ser quienes formen parte del proceso de construcción de políticas públicas. Necesitamos esas voces gritando y representándonos en primera persona. Es urgente aplicar medidas, porque los impactos de la crisis climática y ecológica agudizan las desigualdades ya existentes. Precisamos políticas públicas integrales para transicionar a un modelo agroecológico cumpliendo con las demandas de los movimientos campesinos históricamente vulnerados: en nuestro país la inseguridad alimentaria pasó de 8300 millones en el periodo 2014-2016 a 14200 millones entre los años 2016-2018, a pesar de que somos un país que puede alimentar a 400 millones de personas. La desigualdad más concreta que nunca.
Para todo esto, sin dudas, la organización de base es el camino. No va más el ecologismo de brillantina que solo replica una construcción individualista. La batalla contra el tiempo es colectiva, compañeras y compañeros. Debemos luchar para instalar un Nunca Más a la defensa de las corporaciones contaminantes en los parlamentos por sobre el pueblo. La juventud de los barrios se constituye como la verdadera guardiana del presente y de un futuro habitable. El grito popular es la expresión de la organización de la bronca y el deseo por un modelo libre de saqueo y extracción…
Seamos fuertes porque sin dudas,
si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.
