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La Casa Rosada consultó en Cancillería cómo nombrar cónsules sin pasar por el Congreso: ¿Una salida para Adorni?
Aunque desde el entorno más cercano a Javier Milei y a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, continúan respaldando a Manuel Adorni, ciertos movimientos dentro y fuera de la Casa Rosada evidencian un debilitamiento del jefe de Gabinete.
Adorni se encuentra cada vez más comprometido por las investigaciones judiciales abiertas debido al abrupto crecimiento de su patrimonio, el cual aún no ha podido justificar. Según pudo saber Clarín de fuentes oficiales de alto nivel, desde el Poder Ejecutivo se realizaron consultas a la Cancillería para que los funcionarios dependientes del ministro Pablo Quirno indaguen sobre la normativa vigente en cuanto al nombramiento de cónsules o representantes comerciales en el exterior, tanto en la Argentina como en los países de destino.
Las consultas se centraron especialmente en Miami y en oficinas consulares en España, sobre todo en Barcelona. Estas son plazas muy demandadas para funcionarios con conocimientos básicos, ya que, si bien soportan una importante carga consular y turística, el trabajo más complejo recae en la línea diplomática.
En las últimas semanas, a medida que se complicaba la situación de Adorni, funcionarios del área política solicitaron información sobre antecedentes de designaciones de cónsules políticos y representantes argentinos en el exterior, realizados por decreto presidencial sin necesidad del acuerdo del Senado. Estos cargos suelen tener un salario promedio de 15.000 dólares, aunque sin proveer vivienda ni chofer.
Entre los antecedentes consultados se incluyen casos como el del fallecido ex canciller Héctor Timerman, nombrado Cónsul General en Nueva York por el Decreto 866/2004, publicado el 13 de julio de 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Timerman ocupó el cargo hasta diciembre de 2007, cuando fue designado embajador en Estados Unidos, puesto que requirió la aprobación del Senado.
Otros ejemplos son el del ex dirigente peronista y académico Miguel Talento, quien se desempeñó en el consulado de Miami; el guerrillero Ricardo «Conde» Ramos, nombrado cónsul en Asunción; y el ex secretario de Cultura Darío Lopérfido, fallecido este año, designado “Representante Especial para la Cultura Argentina” mediante una vacante originalmente destinada a un miembro de la SIDE.
Antes de ser embajador en China, Sabino Vaca Narvaja fue nombrado Representante Comercial Especial en ese país. Asimismo, el ex massista y actual ultramileísta Alejandro Nimo fue designado Representante Comercial en España, con la particularidad de que también se le otorgó el título de cónsul consejero, un cargo adaptado a medida. Todo ello mediante decreto presidencial. De manera similar, cuando el ex diputado Ricardo Alfonsín fue destinado a España, incorporó a Federico Polak con un nombramiento por decreto como Representante Especial para la Promoción de la Actividad Empresarial.
La lista es amplia. Por ejemplo, el ex secretario de Comercio bajo el gobierno kirchnerista, Guillermo Moreno, se desempeñó como agregado económico y comercial en la Embajada argentina en Italia, asumiendo por decreto en febrero de 2014 y concluyendo su función en diciembre de 2015 con el fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Todas estas experiencias podrían servir como respaldo jurídico y político en caso de que el Gobierno decida ofrecer a Adorni una salida diplomática. Hasta hace poco, el gremio diplomático solía oponerse a cualquier interpretación laxa de la ley del Servicio Exterior. Sin embargo, con la llegada del gobierno de Javier Milei, esa resistencia ha disminuido notablemente.
Los posibles reparos legales se basan en las disposiciones de la ley 20.957, que regula el funcionamiento del Servicio Exterior de la Nación y fue sancionada en la época de Isabel Perón por iniciativa del entonces canciller Alberto Vignes. Esta ley establece que todos los funcionarios del servicio exterior deben ser personal de carrera y que solo en casos excepcionales pueden designarse embajadores políticos, en función de cualidades especiales (artículo 5). Un decreto posterior, durante la gestión de Carlos Menem y Guido Di Tella, limitó ese número a un máximo de 25. En cuanto a los cónsules, una interpretación estricta de la ley indicaría que no podrían ser nombrados políticos, aunque en la práctica esa regla no se ha aplicado de manera rígida.
