En una resolución de fuerte impacto social y educativo, el Concejo Deliberante de Realicó aprobó por unanimidad la prosecución de las solicitudes del Programa de Asistencia Financiera y Educativa (AFine) correspondientes al período académico 2026. La medida, enmarcada en la Ordenanza 40/2024, ratifica la continuidad del beneficio económico para dos nuevos estudiantes de la localidad que cursan estudios superiores de nivel terciario o universitario.
El concejal García, autor de la normativa, mostró su satisfacción por el consenso alcanzado entre los bloques y remarcó el blindaje institucional que posee el beneficio: «Hemos pensado esta forma para que no importe quién gobierne; el Concejo Deliberante siempre tendrá la última palabra para decidir que estos chicos puedan seguir una carrera». Asimismo, García convocó formalmente a los docentes y directivos de los colegios secundarios locales a involucrarse activamente en la detección temprana y asesoramiento de alumnos con potencial académico que requieran de esta ayuda económica.
Desde el bloque oficialista del Frejupa sumaron su respaldo y pusieron en valor la infraestructura educativa local, destacando la presencia de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) con carreras en el territorio de carácter público y gratuito. Del mismo modo, recalcaron que para aquellas opciones que no están cubiertas por la oferta estatal, el programa AFine representa «un esfuerzo enorme del municipio para solventar los aranceles en instituciones privadas locales y permitir que los jóvenes alcancen su título de grado».
Polémica por la demora en la aplicación del Consejo de Niñez
Inmediatamente después, el cuerpo trató y aprobó por unanimidad modificaciones técnicas solicitadas por el Departamento Ejecutivo para optimizar la estructura del Consejo Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud (Ordenanza 33/2025). Entre los cambios refrendados se destaca la incorporación formal del Juez de Paz al esquema institucional y el establecimiento de pautas específicas de postulación para jóvenes de 18 años con trayectoria en participación comunitaria.
Sin embargo, el tratamiento de este despacho no estuvo exento de polémica. El bloque impulsor de la normativa original recordó con dureza que la ordenanza fue sancionada y aprobada por unanimidad en 2025 tras meses de debate técnico junto a la Secretaría de Desarrollo Social, pero que las autoridades del Ejecutivo nunca la pusieron en práctica.
«Esta herramienta para ampliar derechos quedó guardada durante meses como un mero expediente. No podemos naturalizar que las ordenanzas se sancionen y permanezcan sin aplicación, porque se desvaloriza el trabajo de este cuerpo. ¿Qué hubiese pasado si no presentábamos un pedido de informe este año exigiendo respuestas? Seguiríamos esperando».
El debate concluyó con una fuerte exhortación política hacia el área social del municipio para proceder a la inmediata conformación de la mesa de trabajo y el reglamento interno: «Detrás de cada ordenanza hay personas, historias y proyectos de vida. Las próximas generaciones de nuestro pueblo merecen mucho más que buenas intenciones; merecen que pasemos a las acciones», concluyeron desde la minoría.