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“Está hecha la trampa, pero no la ley”: más de 300 organizaciones piden una ley para proteger a los chicos en internet
Más de 300 organizaciones y referentes de la Argentina y América Latina lanzaron una campaña para exigir una ley que proteja a niñas, niños y adolescentes en internet y que establezca obligaciones concretas para las plataformas digitales.
Bajo el lema “Está hecha la trampa, pero no la ley”, el reclamo apunta a que el Congreso avance antes de que termine 2026 con una regulación integral que contemple la seguridad de los menores desde el diseño de las aplicaciones, las redes sociales y otros servicios digitales. El objetivo es que las empresas asuman más responsabilidad en la prevención del grooming, el ciberacoso, la difusión de imágenes sexuales falsas y la exposición a contenidos dañinos.
“Los conflictos que afectan a chicos y chicas tienen raíces en problemáticas que existen desde hace mucho, pero las tecnologías se han perfeccionado tanto que amplifican los riesgos y los llevan a otra escala”, explicó Marcela Czarny, fundadora y directora de la Asociación Civil Chicos.net.
Entre las situaciones que más preocupan, mencionó el uso de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas de estudiantes, el crecimiento de las apuestas online y el efecto de ciertos contenidos y hábitos digitales en el bienestar de los chicos. También señaló problemas que aparecen en las escuelas, como trastornos de la conducta alimentaria, depresión y autolesiones. Aclaró que son fenómenos con múltiples causas, pero que es necesario analizar qué responsabilidad tienen las plataformas en esos contextos de vulnerabilidad.
Los riesgos cambian según la edad. Los más chicos están más expuestos al contacto con desconocidos y a materiales inadecuados para su etapa, mientras que en la adolescencia ganan peso la presión de los pares, la exposición pública, la sexualidad, las apuestas y los conflictos de reputación. Para Czarny, la franja de 9 a 11 años es clave, porque muchos chicos reciben su primer dispositivo propio y empiezan a usarlo con menos supervisión. Por eso considera fundamental reforzar en ese momento la educación digital y la educación sexual integral.
La especialista advirtió además que, aunque los chicos de fines de la primaria y comienzos de la secundaria reconocen mejor peligros como el grooming o las extorsiones, muchas veces no identifican como un problema la violencia entre compañeros. “Situaciones como las burlas en chats, la exclusión o incluso el bullying muchas veces no son reconocidas como un problema”, señaló.
La preocupación también aparece entre los propios adolescentes. En septiembre, la Red por la Infancia presentó en el Senado un relevamiento entre jóvenes de 14 a 20 años de distintas provincias: el 82,1% consideró probable o muy probable que chicos de su edad atraviesen situaciones dañinas o incómodas en internet. Las principales preocupaciones fueron el grooming (65,2%), el bullying, acoso o discriminación en redes (59,8%), la sextorsión (48,4%) y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (40,6%).
El estudio mostró también dificultades para pedir ayuda: uno de cada dos jóvenes no sabe con certeza a quién recurrir ante una situación de riesgo, y el 57,4% reclamó mecanismos simples y rápidos para denunciar contenidos o conductas dañinas. En la presentación, los participantes pidieron que las plataformas asuman más responsabilidades y mencionaron las apuestas online como un problema entre sus amigos y compañeros.
Czarny remarcó que, para los adolescentes, la vida digital no es un mundo aparte: allí transcurren sus amistades, sus conversaciones y sus formas de jugar, aprender e informarse. “Decir ‘que apaguen el celular’ no resuelve el problema”, sostuvo. Y advirtió que las restricciones de edad para acceder a redes tampoco alcanzan por sí solas, porque los chicos pueden eludirlas o pasarse a otras plataformas.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es cambiar la forma en que se diseñan los servicios. Hoy, muchas medidas de protección dependen de configuraciones que deben activar los usuarios o las familias. Las organizaciones plantean que la seguridad esté incorporada desde el diseño y activada por defecto. “La protección debería estar incorporada desde el momento en que se diseña el servicio, plataforma, red o aplicación, y no aparecer después como una configuración que cada familia o usuario tiene que descubrir”, explicó Czarny.
En la práctica, eso podría implicar cuentas con mayor privacidad, menos recopilación de datos personales y límites a ciertos sistemas de recomendación, además de revisar mecanismos pensados para prolongar el uso, como el desplazamiento infinito, la reproducción automática y algunas recompensas aleatorias. La iniciativa también contempla métodos de verificación de edad que no generen nuevas formas de vigilancia ni expongan información sensible. Según la especialista, la idea no es que la ley defina cómo debe funcionar cada aplicación, sino que fije requisitos mínimos de seguridad.
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