El dictamen del Presupuesto 2027 suma dos artículos que buscan restringir el crecimiento de las dotaciones de la Administración Pública Nacional y controlar la cobertura de puestos vacantes. Las disposiciones forman parte de un proyecto que, según el cronograma previsto en la publicación, iba a tratarse en la Cámara de Diputados el 25 de noviembre y, de aprobarse allí, debía continuar su trámite en el Senado. Por lo tanto, las medidas todavía dependen de la aprobación legislativa.
Bertie Benegas Lynch, junto a Luis Caputo, en el Congreso.
El artículo 6 establece límites para la cantidad de cargos y horas de cátedra de cada jurisdicción y entidad, e impide que se aprueben aumentos por encima de esos topes. La posibilidad de ampliar una dotación quedaría en manos del jefe de Gabinete, mediante una decisión fundada y con intervención previa de la Secretaría de Hacienda. El texto exceptúa, entre otros, a determinados puestos de las fuerzas armadas y de seguridad, el Servicio Exterior, hospitales y organismos asistenciales de Salud, el sistema de manejo del fuego y cargos incorporados para cumplir sentencias judiciales firmes.
El artículo 7 apunta específicamente a las vacantes: si la iniciativa entra en vigor, los organismos no podrán cubrir ni los puestos que estén libres entonces ni los que queden vacantes más adelante sin autorización previa de la Jefatura de Gabinete. Así, el reemplazo de una persona que deja su cargo también quedaría sujeto a ese aval.
El proyecto añade obligaciones de información para las jurisdicciones y entidades, que deberán enviar a Hacienda datos sobre sus plantas de personal y contrataciones. A su vez, esa secretaría deberá publicar la información hasta el quinto día hábil posterior al cierre de cada trimestre. La propuesta profundiza un mecanismo de seguimiento que ya tenía un antecedente: en enero de 2026, una decisión administrativa había dispuesto reportes trimestrales sobre la evolución de las plantas y las contrataciones.
La nota atribuye al INDEC una reducción del personal de la Administración Pública Nacional y las empresas y sociedades del Estado: el total pasó de 343.357 personas en noviembre de 2023 a 266.205 en septiembre de 2026, una caída de 77.152 puestos. En la Administración Pública Nacional, el descenso fue de 233.098 a 179.396 trabajadores; en las empresas y sociedades estatales, de 110.259 a 86.809. Las cifras describen el período previo a la eventual aplicación de las nuevas restricciones presupuestarias.