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Brasil impulsa en la COP31 una hoja de ruta para reducir el uso de combustibles fósiles
Brasil defendió en la COP31, que se realiza en Antalya, una hoja de ruta para que los países empiecen a reducir su dependencia de los combustibles fósiles. El documento no obliga a cumplir metas comunes: propone que cada gobierno elabore un plan según sus circunstancias. La iniciativa busca mantener el tema en el centro de las negociaciones climáticas, en una cumbre donde cerca de 200 delegaciones discuten distintas vías para transformar sus sistemas energéticos.
El gobierno brasileño preparó el esquema tras consultar a decenas de gobiernos y empresas. La propuesta surgió luego de que países productores de petróleo bloquearan en la COP de Belém una decisión sobre la salida de los combustibles fósiles, según el artículo. Brasil también busca sostener el impulso de una reunión realizada en abril en Santa Marta, fuera del proceso formal de la ONU, donde cerca de 60 países promovieron esa transición.
El secretario general de la ONU, António Guterres, respaldó el documento e instó a los países a convertirlo en planes nacionales con calendarios, responsabilidades y financiamiento. Planteó que los importadores reduzcan su exposición mediante un mayor acceso a energías limpias y que los productores diversifiquen sus economías. Simon Stiell, responsable de la ONU para el cambio climático, señaló que las energías renovables pueden disminuir la exposición a la volatilidad de los combustibles fósiles. Representantes de Nigeria, Reino Unido y Alemania también expresaron apoyo a la iniciativa brasileña.
La presidencia turca reconoció la relevancia de la propuesta, pero remarcó que los recursos y las necesidades de desarrollo varían entre países. En paralelo, impulsa un compromiso voluntario para que la electricidad alcance el 35% del consumo energético global en 2035, frente al 23% actual. La iniciativa promueve las renovables y el transporte descarbonizado, pero no exige que cada nación llegue individualmente a esa proporción ni restringe su autoridad para definir sus políticas energéticas.
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