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“Necesito que la Justicia actúe. Ya pasó un año desde que encontramos los restos de Diego y seguimos atravesando el mismo calvario”, manifestó Javier Fernández Lima (51) a Clarín en una fecha particularmente dolorosa y este año distinta. “A Diego le privaron de la libertad y lo asesinaron. Todos somos la voz de Diego”, añadió.
Este domingo 26 de julio se cumplirán 42 años desde que Diego Fernández Lima, entonces de 16 años, se despidió de su madre, le dijo que iba a lo de un amigo y salió de su casa en Villa Urquiza comiéndose una mandarina, prometiendo volver para la cena. Nunca regresó.
Cada año sin noticias fue un puñal. Sin embargo, este 2026 será diferente: por primera vez su madre, Pochi, y sus hermanos, Marcela y Javier, saben qué le ocurrió, aunque aún queda un largo camino para esclarecer cómo y por qué fue asesinado.
Los restos de Diego fueron hallados por casualidad el 20 de mayo de 2025, cuando obreros realizaban una medianera en una propiedad sobre la Avenida Congreso, en Coghlan. El caso cobró gran repercusión porque en ese terreno se había levantado una casona que entre 2002 y 2003 fue habitada por Gustavo Cerati, exlíder de Soda Stereo.
La figura de Cerati potenció la atención mediática, que estalló en agosto de 2025 cuando, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se identificó el cuerpo como el de Diego Fernández Lima, desaparecido desde 1984. La sorpresa aumentó al determinarse que Diego había sido compañero del secundario de Cristian Graf (59), dueño de la casa donde fue encontrado el cadáver.
“Deben llamar a declarar a todo el clan Graf. Esa familia sigue como si nada hubiera pasado, viviendo en la misma casa y burlándose de nosotros”, lamentó Javier, quien impulsa un proyecto de ley para modificar los plazos de prescripción de las causas penales. Actualmente, estos son de 12 años desde la comisión del hecho o 15 años en casos con expectativa de prisión perpetua.
Cristian Graf, inicialmente acusado por «encubrimiento» y posteriormente sobreseído, es hoy el principal investigado por el «homicidio» de Diego, quien fue atacado con al menos un arma blanca por la espalda. Así lo determinó la Sala IV de la Cámara del Crimen en noviembre de 2025, al intervenir en la causa.
El juez Julio Lucini, integrante de esa sala, sostuvo: “Que el deceso ocurriera en 1984 establece un vínculo entre la víctima y el encausado, quienes eran compañeros de colegio, circunstancia demostrada mediante informes y testimonios de quienes coincidieron con ambos en esa época. Por ello, no es posible desvincular a Graf del homicidio, ya sea como autor, cómplice u otro grado de participación”.
El fallo reactivó la causa penal bajo la fiscalía de Martín López Perrando, quien enfrenta la compleja tarea de investigar un crimen ocurrido hace 42 años, con la prescripción acechando.
Una de las novedades surgidas en el proceso fue la declaración de un testigo, que pidió reservar su identidad. El hombre expresó que en una reunión en la casa del tío de un amigo escuchó la historia de un hombre que había enterrado en su jardín a un compañero de colegio de su hijo, a quien acosaba. Sin embargo, tanto el amigo como la viuda del supuesto narrador original, ya fallecido, no confirmaron la versión en el expediente.
Además, el testigo afirmó que el padre de Diego, fallecido en 1991 en un accidente de tránsito, en realidad fue asesinado al cortarle los cables de su bicicleta. Como consecuencia, se ordenó rastrear el expediente relacionado con ese accidente.
El abogado querellante de la familia Fernández Lima, Hugo Wortman Jofré, manifestó a Clarín: “Hay que investigar todo: a la familia Graf, de arriba a abajo. Es necesario analizar diversas hipótesis y posibles responsabilidades, ya que el Estado argentino tiene la obligación de brindar un servicio de Justicia acorde a las convenciones internacionales de Derechos Humanos”.
Esta postura quedó clara en noviembre pasado, cuando la Sala IV de la Cámara del Crimen anuló el llamado a indagatoria de Cristian Graf por el delito de “encubrimiento agravado”, lo que hizo caer su sobreseimiento e impulsó la investigación.
Los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Lucini consideraron absurdo investigar solo el encubrimiento cuando ni siquiera se sabe cómo ocurrió el crimen ni quiénes son los responsables. Primero debe esclarecerse el hecho y después analizar la prescripción, siempre para una persona concreta y no de manera abstracta.
El fallo significó un fuerte revés para Graf, quien afrontaba la imputación con cierta tranquilidad, confiado en que el antecedente temporal del 26 de julio de 1984 dificultaba la acción judicial por el riesgo de prescripción.
La Cámara le dio un nuevo impulso al expediente, que continúa abierto. En 2026 fueron citados a declarar tres amigos de Graf que asistían con él a los scouts, además de su exesposa y madre de sus tres hijos mayores.
Los camaristas enfatizaron la importancia de buscar la verdad, porque “la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de Justicia”.
“Ahora corresponde realizar toda la investigación sugerida por la Cámara, sin abandonar las circunstancias de la muerte. Está absolutamente comprobado que fue violenta y, a partir de allí, determinar autorías, participaciones y otros delitos conexos o independientes que se hayan cometido durante estos 41 años”, concl
