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«Lo maté porque era él o yo»: a ocho años del brutal crimen por el que «Pity» Álvarez finalmente irá a juicio
Este domingo se cumplen ocho años del asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, conocido como “Gringo”, caso por el cual el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Cristian “Pity” Álvarez Congiu, será finalmente juzgado a partir del 10 de agosto, dos días después del recital que ofrecerá en Tucumán.
En la madrugada del 12 de julio de 2018, Álvarez Congiu discutió con Díaz y le disparó cuatro veces. Ambos se conocían del barrio Samoré, en Villa Lugano, donde la víctima regresaba para ver a su hija mayor. Según la acusación, la disputa se originó porque Díaz le recriminó a «Pity» haber dicho que él le había sustraído objetos de una mochila.
Testigos relataron que Díaz empujó e intentó golpear al músico, quien respondió sacando una pistola calibre .25 y efectuando un primer disparo que impactó en el rostro de la víctima. Luego, le propinó otros tres balazos que lo remataron.
Mientras Díaz quedó tendido sin vida en uno de los pasillos frente a la torre 12, Álvarez Congiu escapó junto a su pareja en un Volkswagen Polo. Antes de llegar al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, el cantante descartó el arma homicida en una alcantarilla de la colectora de la autopista Riccheri.
Álvarez estuvo casi un día prófugo hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, acompañado por su abogado Sebastián Queijeiro. Entonces declaró: “Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”, antes de quedar detenido. Vestía una gorra de lana, lentes de sol blancos y llevaba una bolsa de papel madera.
Permaneció casi tres años detenido en el penal de Ezeiza, en PRISMA, el área destinada a pacientes psiquiátricos, y posteriormente fue beneficiado con prisión domiciliaria en instituciones médicas, luego con tratamiento ambulatorio, hasta que finalmente fue dado de alta y recuperó la libertad.
El proceso judicial contra Álvarez estuvo suspendido desde el 7 de marzo de 2023, cuando la Justicia determinó que no se encontraba en condiciones psíquicas para afrontar el juicio, conforme al artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación. Dicho artículo establece que si durante el proceso sobreviene una incapacidad mental del imputado, se suspenderá la tramitación y, si es peligroso para sí o terceros, se ordenará su internación en un establecimiento adecuado, con informes trimestrales sobre su estado. Esta suspensión impide la declaración indagatoria o el juicio, sin perjuicio de la investigación contra otros imputados.
En 2024, Álvarez fue trasladado a un centro terapéutico en Tortuguitas, donde se difundieron imágenes de él tocando la guitarra y cantando para otros pacientes y sus familiares.
En noviembre de 2025, “Pity” anunció en redes sociales su regreso oficial a los escenarios, con una presentación programada para el 20 de diciembre en el estadio Mario Kempes de Córdoba. Ese recital reunió a más de 40 mil personas y marcó su primer show tras el homicidio. Luego ofreció otro concierto en Rosario, el 9 de mayo de este año.
El próximo recital del llamado “Rey sin corona” del rock nacional será el 8 de agosto en Tucumán, apenas dos días antes del inicio del juicio en su contra. Álvarez es el único imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y el fiscal Sandro Abraldes solicitó que se siente frente a los jueces Gustavo Goerner, Juan M. Ramos Padilla y Hugo Navarro, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29.
Para el fiscal, existe una “disonancia” entre los argumentos de la defensa, que alegan incapacidad de Álvarez para afrontar el juicio, y su reciente actividad pública. El concierto multitudinario en Córdoba en diciembre de 2025 fue clave, ya que durante tres horas el músico mostró “una coordinación cognitiva sostenida, interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja”. Esto evidenciaría una contradicción entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y el desempeño probado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional.
El fiscal señaló que así como Álvarez debió organizar sus actividades para trasladarse a Córdoba, ensayar, probar sonido y brindar un recital, “deberá también organizar su esquema de actividades para enfrentar el desarrollo del debate oral”.
Los últimos informes oficiales indican que el imputado presenta un “trastorno cognitivo leve multidominio” y antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, pero posee una “reserva cognitiva” suficiente para comprender el proceso y ejercer sus derechos.
Por su parte, la defensa oficial se opuso a la reapertura del juicio. Sus peritos sostienen que Álvarez padece un “trastorno neurocognitivo mayor de grado leve” y que su desempeño durante un debate oral es impredecible, calificando la situación como una “hipótesis de inestabilidad futura”.
Finalmente, los jueces aceptaron el pedido del fiscal Abraldes y fijaron el inicio del debate para el 10 de agosto en los tribunales de la calle Paraguay 1536. Las audiencias continuarán el 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, extendiéndose hasta septiembre con sesiones programadas
