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Realicó: Juntos por el Cambio pide informes sobre protocolos ante agentes municipales judicializados
En lo que constituyó el tratamiento del punto número seis del orden del día, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio ingresó formalmente un proyecto de comunicación en la última sesión del Concejo Deliberante de Realicó. El dictamen, fechado el 10 de junio y presentado formalmente el 18 de junio de 2026, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un informe detallado respecto a los procedimientos administrativos internos y actuaciones institucionales aplicados cuando funcionarios o agentes de la comuna se encuentran involucrados en procesos judiciales.
Los fundamentos normativos de la iniciativa se apoyan en los estándares de transparencia del Estado, la Constitución Nacional y tratados internacionales. Citó puntualmente el marco de la Ley Nacional N° 26.485 (Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres) y la Ley N° 26.061 (Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes). Desde el bloque opositor aclararon explícitamente que el pedido no pretende interferir en las competencias del Poder Judicial ni emitir valoraciones sobre causas particulares vigentes.
Los ocho puntos clave que debe responder el Ejecutivo
El articulado de la comunicación aprobada detalla de forma precisa las incógnitas institucionales que la administración del intendente deberá responder en los plazos previstos por la normativa vigente:
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A) Si el municipio local dispone de protocolos o reglamentaciones administrativas internas ante agentes judicializados.
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B) Si en el transcurso de los últimos tres años existieron sumarios internos, intervenciones o actuaciones ligadas a personal en procesos legales.
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C) Cuáles son las áreas municipales específicas encargadas de intervenir ante estas situaciones.
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D) Cuáles son los criterios sobre la continuidad de funciones, reasignación preventiva de tareas o medidas cautelares aplicables al personal dependiente.
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E) Si la comuna lleva un registro interno o seguimiento de estos casos.
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F) Si se ha tomado intervención administrativa ante hechos de violencia familiar o contra menores que comprometan la responsabilidad del Estado municipal.
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G) Si existen actualmente agentes involucrados en causas de relevancia institucional que continúen desempeñando sus funciones normales.
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H) El proyecto aclara que, a fin de resguardar derechos personalísimos y garantías constitucionales, los datos filiatorios e identificatorios del personal podrán ser girados al Concejo bajo carácter de reserva institucional.
El caso nacional que encendió las alarmas locales
Tras la lectura del proyecto por secretaría, uno de los ediles del bloque de Juntos por el Cambio tomó la palabra para fundamentar la necesidad del requerimiento político. El concejal argumentó que la inquietud cobró fuerza legislativa a raíz del fuerte impacto público que generó en las últimas semanas el crimen de Agustina Vega en la provincia de Córdoba.
«Uno de los aspectos que trascendieron públicamente en ese caso que conmocionó a la sociedad fue que el principal acusado se desempeñaba como empleado municipal. Más allá de lo que deba resolver la justicia en esa causa, abre un debate necesario: ¿Qué herramientas tienen los municipios para actuar institucionalmente cuando un miembro de su estructura se ve involucrado en hechos de violencia?», interpeló el edil.
El legislador de la oposición enfatizó que el pedido busca anticiparse con herramientas técnicas ante cualquier contingencia futura: «Nos planteamos una inquietud que creemos válida para cualquier gestión, sin importar el signo político: ¿Qué sucedería en Realicó ante una situación de estas características? ¿Existen protocolos? No estamos solicitando sanciones, no estamos prejuzgando a nadie ni interfiriendo con la Justicia. Estamos ejerciendo una facultad de control que nos corresponde como concejales. La transparencia implica saber cómo actúa el Estado ante situaciones complejas que pueden romper la confianza de la comunidad».
Al finalizar las alocuciones y no registrarse nuevos pedidos de debate en el recinto, la presidencia del cuerpo legislativo determinó el pase formal del proyecto del bloque de Juntos por el Cambio a la Comisión Plenaria para su correspondiente análisis técnico y posterior despacho. Acto seguido, se dio por finalizada la sesión ordinaria número 15 de este año.
