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Dólares del colchón: cuáles son los cambios que el Gobierno incluirá en el nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal
El Gobierno avanza en la definición del nuevo proyecto de ley para renovar la Ley de Inocencia Fiscal, que enviará al Congreso en los próximos días. El objetivo principal es ampliar el alcance de este régimen, que hasta ahora no ha logrado la adhesión esperada, con la finalidad de incentivar la salida de más “dólares del colchón”. Según datos del Indec, a fines de 2025 había más de 218.200 millones de dólares en economía informal.
La confirmación se dio a conocer este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que esta iniciativa forma parte del plan oficial para reactivar la economía. “Vamos a estar enviando una versión renovada”, afirmó Caputo en el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). “Lo importante es que ese ahorro que está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión generará mayor crecimiento”, agregó.
Hace dos semanas, Caputo se reunió con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy —una figura clave para el proceso legislativo— y con el titular de ARCA, Andrés Vázquez. En ese encuentro, convocaron a seis tributaristas y contadores para recoger sus sugerencias. Entre los expertos participaron César Litvin, Alejandro Rosenfeld, Miriam Roldán, Sonia Becherman y Liban Kusa.
Los especialistas presentaron una larga lista de planteos, algunos razonables y otros menos, que fueron evaluados por el Gobierno. Entre las primeras modificaciones adoptadas, se extendió hasta el 27 de julio el vencimiento del Régimen Simplificado de Ganancias para personas humanas y empresas, medida que se oficializó horas después y por la cual ya se plantea la posibilidad de una nueva prórroga hasta agosto.
Según informó ARCA, más de 80.000 contribuyentes se han adherido al régimen desde su sanción hace un año, aunque muchos aún no presentaron sus declaraciones juradas, por lo que sus movimientos son desconocidos. En los últimos 20 días, la adhesión se duplicó, pero el Gobierno continúa impulsando que se sumen más.
Durante la reunión, los especialistas hicieron énfasis en la necesidad de precisar aspectos para aumentar el ingreso al circuito formal de los dólares no declarados. Manifestaron inquietudes, tanto por dudas que surgieron en sus clientes como por temores ante posibles cambios normativos en futuras administraciones.
Caputo destacó la calidad del encuentro: “Fue una excelente reunión con el grupo. Nos explicaron en detalle sus sugerencias sobre la Ley de Inocencia Fiscal”. Además, afirmó que “hubo consenso en que, si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones”.
El nuevo proyecto buscará, por un lado, ampliar el alcance del régimen y, por otro, despejar dudas para brindar “mayor garantía y seguridad jurídica”. En ese sentido, uno de los principales cambios será la eliminación de los topes máximos vigentes para ingresar al régimen, actualmente limitados a 1.000 millones de pesos en ingresos brutos anuales y 10.000 millones de pesos en patrimonio total.
Asimismo, se evalúa incluir a los grandes contribuyentes que permanecen en el padrón luego de la depuración realizada por ARCA en 2025, que redujo su cantidad en un 60%, dejándolos en alrededor de 1.500. De esta manera, prácticamente no habría limitaciones en cuanto al universo de personas comprendidas.
Desde el Ministerio de Economía insisten en que no se trata de un blanqueo, sino de un sistema orientado a eliminar la “presunción de culpabilidad fiscal”. Entre las cuestiones técnicas a aclarar figuran modificaciones en la interpretación del “saldo a favor del fisco”, que se reemplazaría por “impuesto determinado”, además de precisiones respecto a la “discrepancia significativa”, que se considera cuando existe una diferencia mayor al 15% entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por el fisco.
Entre los expertos persisten dudas sobre si esta flexibilización normativa será suficiente para generar confianza, o si será necesario crear incentivos adicionales para los inversores o, de manera más sutil, para quienes hayan cometido delitos en el régimen penal tributario.
