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- Vendía kits para quitarse la vida en decenas de países: un canadiense se declaró culpable de 14 muertes y evitó el juicio por asesinato
Vendía kits para quitarse la vida en decenas de países: un canadiense se declaró culpable de 14 muertes y evitó el juicio por asesinato
Kenneth Law, un excocinero canadiense de 60 años, se declaró culpable este viernes de 14 cargos de ayuda para quitarse la vida ante un tribunal al norte de Toronto. El acuerdo alcanzado con la fiscalía implica que los cargos de asesinato serán retirados, una decisión que causó indignación entre las familias de las víctimas y reavivó el debate sobre los vacíos legales que rodean al caso.
Law fue detenido en 2023 acusado de vender un compuesto químico cuya fórmula, con concentraciones letales, estaba disponible en sus sitios web. Sus clientes eran personas en estado de angustia que consultaban foros en línea sobre métodos para acabar con sus vidas. Según la declaración de hechos aceptada por la justicia, el acusado participaba activamente en esos espacios bajo el seudónimo «Greenberg» y dirigía a los interesados hacia sus plataformas de venta.
Su operación tuvo alcance global: se estima que envió paquetes a cientos de personas en decenas de países y fue investigado por autoridades de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Australia y Nueva Zelanda. En el Reino Unido, unas cien muertes autoinfligidas están potencialmente vinculadas a los foros en los que participaba, según reportó AFP.
La decisión de no llevar a Law a juicio por asesinato responde a un problema jurídico específico. Robert Currie, profesor de derecho en la Universidad Dalhousie, explicó que los fiscales que buscaban esa condena enfrentaron un vacío legal en el sistema canadiense. La legislación no establece con claridad si el asesinato es una infracción distinta de la incitación al suicidio o si una misma conducta puede constituir ambas ilegalidades simultáneamente.
“Los magistrados de la Corte Suprema de Canadá, quienes podrían haber aclarado este punto, optaron por no hacerlo”, señaló Currie en diálogo con AFP. Sin esa definición jurisprudencial, los fiscales no encontraron una base sólida para sostener los cargos de homicidio.
La conducta de Law fue proactiva. Según la declaración de hechos, buscaba activamente clientes y les brindaba instrucciones precisas sobre el uso del producto. En la audiencia, la fiscalía presentó la grabación de una llamada entre Law y un periodista del Times of London que simuló ser un comprador. Cuando el reportero le preguntó si su negocio era legal, Law sugirió que, en caso de ser interrogado por la policía, podría argumentar que el polvo servía para mejorar la capacidad pulmonar de los nadadores.
La sentencia se conocerá en una audiencia programada para septiembre, cuando el tribunal también escuchará los testimonios de las familias afectadas. Expertos legales consultados por AFP estiman que la pena podría oscilar entre 10 y 20 años de prisión por los cargos de asistencia al suicidio.
Las familias de las víctimas manifestaron su decepción ante el acuerdo. David Parfett, cuyo hijo Thomas tenía 22 años cuando murió en 2021 con materiales supuestamente suministrados por Law, consideró que la justicia canadiense perdió la oportunidad de reconocer la gravedad real del caso. “Si Kenneth Law no hubiera dado instrucciones detalladas sobre cómo quitarse la vida, mi hijo probablemente estaría vivo, para mí esto es un asesinato”, declaró a AFP.
Thomas Parfett, originario del Reino Unido, no forma parte de los 14 casos canadienses por los que Law se declaró culpable. Su padre se ha convertido en un referente en la lucha por una legislación más rigurosa para controlar espacios en línea que incitan a las personas a autoinfligirse daño.
Leonardo Bedoya, cuyo hija Jeshennia Bedoya López falleció en 2022 a los 18 años con presunta participación de Law, tampoco está incluido en esos 14 casos. “Es un asesino. Un asesino serial. Deberían tratarlo como tal”, afirmó en declaraciones a la cadena canadiense CTV.
El caso no concluye con este acuerdo, ya que Law podría enfrentar procesos judiciales en otros países donde se produjeron víctimas por sus presuntos envíos, aunque hasta ahora no se han formalizado cargos en ninguna de las naciones que investigan el caso.
