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Un gobernador opositor que rechazó el RIGI ahora busca adherirse en medio de la caída del empleo industrial en su provincia
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, opositor al Gobierno nacional, impulsa que la Legislatura provincial apruebe la adhesión de la provincia al Régimen de Inversiones en Grandes Industrias (RIGI), en un contexto de significativa caída del empleo industrial local.
Inicialmente, Melella se había manifestado en contra de incorporar a Tierra del Fuego al régimen de grandes inversiones. Sin embargo, la pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial, que incluye al régimen de promoción, llevó a su administración a explorar la concreción de proyectos productivos en otros sectores, principalmente petróleo y gas, industria forestal e incluso turismo.
“Al principio estuve opuesto al RIGI, luego lo fuimos analizando, asesorándonos e incluso convencidos de que es positivo y que las empresas lo solicitaban”, declaró Melella en diálogo con Clarín y otros medios durante la inauguración del parque eólico de la empresa francesa TotalEnergies en Río Cullen, a 130 kilómetros de Río Grande. Entre los asesores provinciales mencionó a los economistas Martín Redrado y Miguel Peirano.
En marzo de este año, durante la apertura de las sesiones ordinarias del parlamento local, el gobernador anunció que enviaría un proyecto de ley para discutir la adhesión al RIGI. La semana pasada comenzaron las discusiones en comisión, donde el proyecto obtuvo dictamen, y este jueves está previsto que se trate en el recinto.
En las últimas semanas, el panorama político para Melella se ha tornado adverso. Tal como informó Clarín, Melella —quien proviene del partido radical FORJA, aliado al kirchnerismo— rompió su alianza con La Cámpora. El punto más crítico fue la derogación en la Legislatura, de mayoría peronista, de la ley que convocaba a reformar la Constitución provincial.
En este escenario, la Legislatura fueguina discutirá el jueves la adhesión al RIGI, a partir de un proyecto presentado por el bloque de La Libertad Avanza. “Nuestro bloque acompaña plenamente”, afirmó Melella ante la prensa.
El gobernador detalló: “Menos minería, que nosotros tenemos prohibida por la Constitución provincial, pero sí hidrocarburos, energía y, si se abre a otros sectores como acuicultura, hay un potencial muy grande”.
El contexto económico para Tierra del Fuego también es complejo. Según el mandatario, el régimen de promoción industrial —un esquema impositivo especial establecido por ley nacional hace 54 años para poblar la provincia— perdió el 45% de su dotación de personal debido a la apertura importadora y a la caída de la actividad.
Este régimen abarca no solo la industria electrónica, sino también otros sectores como plástico y textiles. Este último subsector es el más afectado: de las 10 empresas que participaban del régimen impositivo especial, solo quedan en funcionamiento dos. En las empresas de electrónica industrial, no hubo despidos masivos, aunque sí una reducción progresiva de personal por no renovación de contratos y jubilaciones sin reemplazo.
Datos de la Secretaría de Trabajo nacional indican que en Tierra del Fuego el empleo formal asalariado cayó un 9,8% en el último año, con cifras hasta enero pasado. Esto equivale a la pérdida de 3.600 puestos, desde 36.500 trabajadores hasta 32.900 en 12 meses. En comparación con el cambio de gobierno, la caída fue de 5.000 empleos.
Un estudio de la consultora Politikón Chaco, especializada en finanzas y economía provinciales, señaló que el conglomerado urbano Ushuaia-Río Grande tiene el porcentaje más alto del país de empleados formales asalariados respecto al empleo total: el 83% son asalariados y solo el 13,4% cuentapropistas. Esto contrasta con Formosa, que registra 63% de asalariados y 34% de cuentapropistas.
La provincia más austral de Argentina también experimentó un marcado deterioro de sus cuentas públicas, pasando de un superávit significativo a mediados de 2024 a un déficit financiero equivalente al 16% de sus ingresos provinciales, según datos de Politikón basados en información oficial.
A fines del año pasado, ante las dificultades para el pago de aguinaldos, el gobernador solicitó a las empresas del régimen industrial fueguino un adelanto de una tasa provincial, logrando recaudar 2.300 millones de pesos.
