A la vuelta del fin de semana extra largo los legisladores bonaerenses se sumergieron en turbulentas negociaciones para enderezar el rumbo de un paquete económico fundamental para Axel Kicillof: el Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y, el punto más complicado, una solicitud de endeudamiento por más de U$S 3.000 millones.

La hoja de ruta del ambicioso objetivo político del gobernador tenía este martes una parada clave. El paso por la comisión del proyecto que contempla el endeudamiento para 2026. El oficialismo logró dictamen de mayoría para esa iniciativa con 9 votos de legisladores que responden a todos los espacios peronistas (más el aporte de un “dialoguista” de Somos) y la abstención del resto de los representantes (seis diputados). De esta manera, quedó habilitado para entrar en el orden del día de la sesión convocada para este miércoles.

Hace una semana, el gobierno bonaerense había conseguido en ese pleno, un dictamen de mayoría para las otras dos iniciativas. Pero sin permiso para conseguir financiamiento, no tenía sentido el Presupuesto, según la lógica del Ejecutivo provincial. Por eso, los operadores de Gobernación querían tener ordenado esta columna del paquete legislativo.

El aval parlamentario para pedir deuda pública es la llave que necesita el Ejecutivo para afrontar compromisos externos y obras de infraestructura. Pero exige el umbral de dos tercios de los votos en Diputados (62 aprobaciones) y Senadores (31 manos levantadas). Esta ingeniería requiere entonces de un fino tejido de negociaciones con bloques segmentados, intereses que tienen fuerza fuera del recinto (como las “ligas” de intendentes peronistas, radicales y del PRO) y los socios internos del peronismo (La Cámpora y el massismo).

La estrategia que fijaron desde la calle 6 (donde funcionan las oficinas del Gobernador) consistió en garantizar con bloques dialoguistas un compromiso de aprobación para luego ir al recinto. La abstención en la comisión fue porque “se incorporaron algunas modificaciones que no alcanzamos a revisar”, según confió a Clarín un integrante de Hacienda.

La sesión está llamada para este miércoles y será una convocatoria “combinada”: Diputados primero, y senadores después. Para terminar el día con el conjunto de leyes votadas, si el plan se concreta tal como lo diseñaron cerca de Kicillof.

Para asegurar el respaldo de la oposición y amalgamar la unidad peronista, el Ejecutivo provincial desplegó una lista de “elementos de seducción”. Se configuraron sobre dos planos: dentro de la Legislatura, para acercar posiciones con La Cámpora. Se fijaron las jefaturas de bloque, cargos de conducción de la cámara baja y el reparto de los “módulos” disponibles en la administración del organismo.

El presidente de Diputados, el massista Alexis Guerrera, el titular del bloque, Facundo Tignanelli (La Cámpora), Juan de Jesús (por los intendentes que responden a Martín Insaurralde) y otros operadores lidiaron sobre ese terreno cenagoso.

Fuera del Palacio también había ofertas para disponer. El intendente de Almirante Brown y diputado electo, Mariano Cascallares, y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, eran los alfiles que envió la gobernación para hacer los llamados imprescindibles a la oposición. Esgrimieron promesas de otorgar cargos políticos en entes como el directorio del Banco Provincia (se vencen tres asientos: uno iría para el PRO, otro para la UCR y otro para La Cámpora), en empresas del Grupo y en organismos con lugares vacantes en el Estado, como el consejo General de Educación o el Instituto de Previsión Social (IPS).

Pero sobre todo hubo un aporte sustancial que lubricó las tratativas: un paquete de casi $ 300.000 millones para distribuir entre los municipios. Esa cerradura permitió abrir la puerta para conseguir el respaldo de radicales y dirigentes del PRO que tienen vínculo directo con los intendentes del interior. Ese importe se obtiene por destinar el 8% del total del endeudamiento para un “Fondo de Recuperación” de las finanzas de los distritos. Tendrá “amplia disponibilidad de afectación”, según explicó el diputado De Jesús (presidente de la Comisión) y se repartirá por el coeficiente de coparticipación municipal. Todos conformes en ese punto.

El pedido formal que hace el gobierno al Poder Legislativo está contenido en dos tramos: un por U$S 1.990 y otro por U$S 1.040.

Ahora comienza otra carrera contra plazos acotados. Kicillof quiere este bloque de iniciativas antes del recambio de legisladores que aplicará el 10 de diciembre. Tiene un escenario complejo (ya lo padeció otros años) pero será más hostil con la nueva integración.

“Queremos debatir en bloque las tres propuestas y con sesiones simultáneas. Que salga de Diputados y pase a Senadores en el mismo día”, explicó De Jesús. Están dadas las condiciones administrativas, porque ambos cuerpos completaron su convocatoria.

El Presupuesto 2026 contempla un gasto de 41 billones de pesos, casi un 20% más que la ejecución prevista para el ejercicio corriente. Incluye obras públicas financiadas por el Tesoro y más de 1,7 billones en programas con “perspectiva de género” que alcanzan a todos los ministerios y reparticiones. O sea: lo más alejado posible del diseño de políticas que imprime el Gobierno Nacional de Javier Milei. Las diferencias se ven en casi todos los renglones.

La propuesta impositiva determina un congelamiento en las alícuotas de todas las actividades que tributan Ingresos Brutos y rebajas (relativas y absolutas) en las facturas de las patentes que abonan los dueños de autos radicados en Provincia.