Por CELS (Centros de Estudios Legales y Sociales)

Hoy (el 24 de diciembre) el Ministerio de Seguridad de la Nación derogó una serie de resoluciones y protocolos dictados por la gestión anterior que ampliaban las posibilidades de intervención policial, ponían en riesgo a la población, no respetaban los estándares de derechos humanos y exponían a los propios policías a ser imputados por delitos.

Las medidas derogadas son el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, que implicaba el abandono del principio del uso de la fuerza letal como último recurso; el Reglamento General para el Empleo de Armas Electrónicas No Letales (conocidas como “Taser”), que contemplaba el uso de estas armas en casi cualquier tipo de intervención policial; el Servicio Cívico Voluntario en Valores, que extendía los roles de la Gendarmería en áreas como la educación sobre las que no tiene competencia y el Programa Ofensores en Trenes, que transformaba a pasajeros y pasajeras en sospechosos a quienes se les podía exigir identificación sin necesidad de justificar la detención policial.

Estas medidas promovieron un modelo de seguridad basado en una intervención policial selectiva y discriminatoria que alentaba el uso de la fuerza y reducía los controles civiles. Caracterizadas además por la pobreza técnica, fueron políticas destinadas a generar polémicas mediáticas más que a mejorar el trabajo policial. En distintas instancias, incluidas las judiciales, el CELS cuestionó esas resoluciones de la exministra Patricia Bullrich. Su respuesta y la retórica que en general acompañó esas medidas insistió una y otra vez en antagonizar con les defensores de los derechos humanos como si fuéramos enemigos.

La decisión de la ministra Sabina Frederic es un paso ineludible para la construcción de un modelo democrático de seguridad que incorpore la agenda de derechos humanos con una perspectiva transversal.