Feb 13, 2018 IMPACTO INFORMATIVO Locales, Politica, Regionales 0
Impacto – Por Gladys Sago – Una población vulnerable esta integrada por un grupo de individuos que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre otras. Esa condición conforma un cúmulo de problemáticas particulares a las que se les deben buscar mecanismos para su superación, desde políticas específicas que permitan su acceso y permanencia en el sistema y que conlleven a vincularlas a una atención sostenible que mejore su calidad de vida.
Los factores que dan origen a la desigualdad pueden ser de orden histórico, económico, cultural, político y biológico (agentes cognitivos, físicos, sensoriales, de la comunicación, emocionales y psicosociales). Marcar el derrotero de las acciones que se deben priorizar para orientar hacia la formulación de políticas y los procesos de mejoramiento institucional, genera las oportunidades para superar esa situación.
Son las entidades territoriales donde se desarrollan estas acciones, las que deben tener en consideración el alto grado de complejidad de cada sociedad, delimitado por las variables de género y edad, donde niños y jovenes, mujeres y hombres ejercen los mismos derechos, en diferentes contextos y con distintas necesidades.
En la presente semana, desde el Gobierno Provincial se plantearon y destacaron dos aspectos que atañen a modificar injusticias relacionadas con los abusos financieros sobre los Adultos Mayores y sobre la violencia de género.
Respecto al objetivo propiciado, es que todas las instituciones que trabajen con Adultos Mayores realicen controles para proteger y evitar la vulneración de derechos de los adultos. La dependencia provincial que depende del Ministerio de Desarrollo Social, realiza este tipo de acciones desde el año pasado, por eso se generó un espacio de intercambio para poder llegar a alternativas de trabajo en conjunto para el abordaje de situaciones que denotan posibles casos de vulneración de derechos hacia las personas mayores. Para ello se brinda asesoramiento a los equipos que trabajan con los adultos mayores, de modo que puedan identificar situaciones in situ que sean posibles casos de abuso financiero, los que tienen que ver con el cobro de pensión por parte de apoderados, con el uso de los ingresos de los adultos mayores que ellos mismos desconocen o no aprueban, la gestión de créditos, etc.“Esta acción parte no solo de la campaña de abuso financiero que la Dirección está desarrollando sino que desde Anses se viene planteando la inquietud a partir de situaciones e indicadores que se observan e identifican. Necesitamos aunar esfuerzos para trabajar y coordinar intervenciones para poder acompañar a las personas mayores, en Anses, Pami, Justicia, Municipio, etc.”, señaló Silvia González, directora de Adultos Mayores. “El financiero es un tipo de abuso que es transversal a los demás, por lo que las diferentes dependencias que están en contacto con adultos mayores deben estar muy atentos y preparados ante la aparición de indicadores, los cuales se observan, pero muchas veces no se sabe cómo actuar ante ellos”,dijo la funcionaria, quien señaló que “sin importar desde qué institución sea, es importante que se trabaje de manera conjunta, para proteger y evitar la vulneración de derechos de los adultos”.
En cuanto a una problemática que tomó vigencia plena por la difusión de los casos, como es la de violencia de género, que afecta a pueblos y ciudades de manera
proporcional, la Secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, reconoció como muy buena la medida inédita adoptada por el juez de Huinca Renancó, cuando resolvió aplicar control intensivo de los movimientos del agresor hasta que deje de ser una amenaza inminente para la víctima.“Sentido común, a veces con eso alcanza, siempre hablamos de evitar la revictimización de la mujer víctima de violencia, siempre hablamos de contención, pero en realidad las diferentes medidas que se han venido tomando casi siempre, por falta de recursos, o debido a decisiones homologadas, por así decirlo, la carga la termina teniendo la víctima”,comento la funcionaria.
“Por eso celebro esta medida, esta resolución del Juez (de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Faltas y Violencia) Claudio Mazuqui y espero sirva de punta pie inicial para que otros tomen su ejemplo. Sabemos que lo ideal son las tobilleras o brazaletes electrónicos, que vendrían a cumplir esta función, pero por ejemplo, nuestra provincia solo dispone de cinco, se han pedido más, porque consideramos que es la tecnología ideal para liberar a la víctima del peso de cuidarse sola prácticamente, porque para cuando se activa el botón el agresor, en algunos casos, ya está muy cerca. La victima con esta medida puede, dentro de todo su pesar vivir más tranquila, se siente contenida al saber que el agresor no va a poder andar libremente acechándola, por supuesto esto solo no alcanza, es necesario siempre dotar de un acompañamiento psicológico al victimario, a la víctima y al grupo familiar”.
Leyes y medidas amparan a los que (casi) no tienen voz para hacerse oir. Sin embargo, su aplicación no siempre esta a la consideración de funcionarios y jueces, porque la línea que divide la situación concreta de la subjetividad que se le aplica desde la propia opinión, con sutileza resquebraja hasta las mejores intenciones. Por eso hay que estar atentos y hablar, si es posible a tiempo.
Enaltecer la dignidad cuando se hace justicia, resulta un imperativo donde se prioriza la existencia. Pero la fría letra de la ley, aun cuando dictamine de modo favorable, debe tener un correlato cotidiano donde confluyan el gesto de afecto, de amor, de compasión, de ternura; de cualquiera de las demostraciones que puedan surgir de los sentimientos. Sólo para recordar que se es persona. Y el otro también.
*- Directora de La Voz de Realicó.-
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