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Golpe judicial para Nación: La Corte Suprema admitió la demanda de La Pampa por los fondos ATN y dio un plazo de 60 días para responder
POLÍTICA Y JUSTICIA | En un avance institucional clave para el reclamo impulsado por el Gobierno de La Pampa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por la administración pampeana contra el Estado nacional por la distribución de los fondos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El máximo tribunal emplazó al Gobierno nacional para que responda el planteo formulado por la Provincia en el término de 60 días.
La decisión implica que la Corte se declaró competente para intervenir en la causa y dio traslado de la presentación al Poder Ejecutivo Nacional, que ahora deberá contestar formalmente los argumentos expuestos por La Pampa. La acción judicial fue promovida en mayo de 2024 por el gobernador Sergio Ziliotto, a través de la Fiscalía de Estado encabezada por Romina Schmidt y con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
El reclamo de La Pampa
La Provincia presentó ante la Corte Suprema una acción declarativa de inconstitucionalidad para reclamar que los recursos correspondientes al uno por ciento asignado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional integren la masa de fondos coparticipables y sean distribuidos automáticamente entre las provincias, tal como establece la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
La Pampa planteó que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional pertenece a las provincias y que el Estado nacional tiene la obligación legal y constitucional de distribuir esos recursos para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros provinciales.
Indebida apropiación y ahogo financiero
La presentación judicial sostiene que, en el actual contexto de crisis económica y caída de ingresos, el Gobierno nacional “se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen”, incumpliendo con la obligación de distribución prevista por la normativa vigente y afectando de manera directa las finanzas de las jurisdicciones provinciales.
El reclamo pampeano se concretó en mayo de 2024. En ese momento, según se señaló desde la Provincia, el Gobierno nacional retenía cerca de 397 mil millones de pesos correspondientes a las provincias argentinas, profundizando el ahogo financiero de los estados federales. En ese sentido, el Gobierno provincial remarcó que la administración nacional sólo había transferido aproximadamente 10.300 millones de pesos a unas pocas jurisdicciones, una cifra considerada mínima en relación con el total de recursos acumulados y no distribuidos.
La demanda también destacó que esta situación no registra antecedentes recientes, ya que la última distribución masiva de fondos ATN ocurrió en noviembre de 2023, cuando el anterior Gobierno nacional dispuso el envío de 131 mil millones de pesos al conjunto de las 24 jurisdicciones federales.
Deterioro del federalismo fiscal y discrecionalidad
La acción presentada por La Pampa ante el máximo tribunal nacional cuestiona además el deterioro progresivo del federalismo fiscal y advierte sobre una creciente concentración de recursos en manos del Estado nacional, en detrimento de las provincias. El escrito sostiene que la actual dinámica contradice los principios establecidos por la reforma constitucional de 1994, que incorporó el criterio de una distribución equitativa, solidaria y automática de los recursos coparticipables.
Asimismo, la Provincia argumentó que la asignación de los ATN quedó sujeta a “la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo Nacional”, sin parámetros objetivos de reparto, lo que vulnera los principios constitucionales que regulan la relación fiscal entre Nación y provincias.
Con la resolución conocida ahora, la Corte Suprema dio un primer paso concreto en el tratamiento del planteo formulado por La Pampa y abrió formalmente el proceso judicial que busca establecer si el Estado nacional incumplió con las obligaciones constitucionales y legales vinculadas a la distribución de los fondos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
