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Gobierno y universidades firmaron un acuerdo salarial y presupuestario
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este miércoles al mediodía un acta acuerdo de índole salarial y presupuestaria con el objetivo de aliviar el prolongado conflicto en torno a los fondos de funcionamiento para las casas de altos estudios públicas. A pesar de haber alcanzado este entendimiento económico, las autoridades universitarias ratificaron de forma unánime que no retirarán la demanda judicial iniciada ante la Corte Suprema de Justicia por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La propuesta económica que destrabó las negociaciones contempla una recomposición salarial total del 24,33% a implementarse de forma escalonada en dos etapas: un ajuste inicial del 21,33% en julio y un incremento complementario del 3% en octubre del corriente año. Según los parámetros técnicos fijados en el acta, el porcentaje busca saldar deudas pendientes de períodos anteriores (7 puntos correspondientes a 2024 y 12,33 puntos a 2025), además de compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada hasta mayo de 2026.
Ampliación presupuestaria, becas y hospitales
Más allá de la pauta de haberes, el entendimiento incorporó cláusulas de carácter social y de infraestructura hospitalaria para el sector:
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Garantía contra la inflación: El oficialismo asumió el compromiso institucional de evitar que las remuneraciones del sector universitario continúen perdiendo terreno frente a los índices inflacionarios en lo que resta de 2026.
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Becas Manuel Belgrano: Se aprobó un incremento del 50% en las partidas destinadas al Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, orientado a promover la terminalidad de carreras de pregrado y grado en áreas de desarrollo clave.
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Sanidad universitaria: Se asignó un financiamiento específico de $50 mil millones para el sostenimiento operativo de los hospitales universitarios.
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Colegios preuniversitarios: Se abrió una mesa de negociación puntual para atender el retraso salarial de los docentes de nivel medio, afectados por la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID).
Tensión sindical y el rol de la Corte Suprema
Pese al avance institucional con los rectores, el sector gremial mantiene marcadas reservas frente a la firma. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) catalogaron las tratativas previas como «informales» y reclamaron la urgente convocatoria a paritarias formales con representación sindical. La desconfianza del sector laboral se fundamenta además en las recientes medidas de fuerza, que incluyeron tomas estudiantiles en establecimientos preuniversitarios como el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, sumado a clases públicas frente al Palacio de Justicia.
Por su parte, el Poder Ejecutivo ratificó su postura de considerar «ilegal» a la Ley de Financiamiento Universitario votada por el Congreso, alegando que la normativa infringe los procedimientos de administración financiera al no especificar el origen de los recursos para su ejecución. La aplicación de la ley se encuentra actualmente suspendida por un recurso extraordinario interpuesto por el Ejecutivo, quedando la resolución definitiva del diferendo en manos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
