EDITORIAL | La reciente y desgarradora noticia ocurrida en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente de 15 años terminó con la vida de otro de 13 e hirió a más compañeros, ha vuelto a poner bajo la lupa no solo la violencia en las aulas, sino la violencia mediática con la que se abordan estos hechos.
En las últimas horas, hemos asistido a un espectáculo penoso por parte de diversos medios de alcance nacional. La velocidad de la primicia parece haberle ganado la pulseada a la ética profesional y, lo que es más grave, al respeto por los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El rostro de la tragedia y la exposición ilegal
Resulta alarmante la liviandad con la que se han difundido videos y fotografías de los menores involucrados. Estamos hablando de chicos que, por ley y por una cuestión de humanidad básica, deben ser protegidos de la exposición pública. Mostrar sus rostros o el interior de la escuela en momentos de caos no aporta información; aporta morbo.
Esta sobreexposición genera un daño irreparable. No solo se revictimiza a quienes sufrieron el ataque, sino que se marca de por vida a adolescentes que están bajo la tutela del Estado y la Justicia. El derecho a la identidad y a la intimidad de un menor no puede ser moneda de cambio por un punto de rating.
Conjeturas «sin red» y especulación al aire
Otro punto crítico es la proliferación de teorías sin confirmación oficial. Escuchar a comunicadores «especular al aire» sobre los motivos, el entorno familiar o la salud mental de los menores sin peritajes previos es de una irresponsabilidad absoluta.
Lanzar hipótesis sobre un hecho tan sensible no es informar, es jugar a ser jueces desde un set de televisión. Esta «especulación sin red» solo alimenta el odio social, genera prejuicios y entorpece el trabajo de la Justicia, que es la única encargada de determinar qué sucedió en ese salón de clases.
El daño social del sensacionalismo
El tratamiento amarillista de estas noticias genera un efecto de «contagio» y desensibilización. Cuando los medios masivos convierten una tragedia escolar en un thriller policial en vivo, olvidan que detrás hay familias destruidas y una comunidad educativa en shock que necesita silencio y contención, no cámaras en la cara.
Es necesario que los medios recuperen el compromiso social. Informar es necesario, pero debe hacerse con rigor, respetando la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Si como sociedad permitimos que el morbo dicte la agenda, estamos fallando en la protección de lo más sagrado que tenemos: nuestra infancia.
La noticia es la tragedia en San Cristóbal; el escándalo es cómo la estamos contando.