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El Gobierno sigue de cerca la salida del buque chileno que reabrirá la ruta comercial con Malvinas y evita un choque con Kast
El Gobierno sigue en alerta el inminente viaje del Danstar, un buque comercial chileno que reabrirá la ruta entre Punta Arenas y las islas Malvinas, pero busca evitar una escalada diplomática con la administración de José Antonio Kast. Por ahora, en la Casa Rosada no prevén presentar una protesta formal, porque consideran que una reacción anticipada podría abrir un conflicto bilateral que termine favoreciendo los intereses británicos en el Atlántico Sur.
En el Ejecutivo remarcan que la prioridad es cuidar la relación con Chile, sobre todo después del compromiso de Kast de respaldar el reclamo argentino de soberanía y de no dar apoyo logístico a la explotación petrolera británica en las islas. Aun así, admiten que no está definido qué hará la Argentina si la operación se concreta. «Queremos evitar un conflicto con Chile, pero si hay que actuar, lo haremos», señalan.
En Balcarce 50 también sospechan que hay intereses externos que buscan provocar una reacción argentina antes de que zarpe el barco, para generar un enfrentamiento con el país vecino aun cuando todavía no haya ocurrido nada que afecte el reclamo de soberanía.
Esa cautela contrasta con la información de fuentes militares, según las cuales el contrato para operar el buque ya está cerrado y el primer zarpe está previsto entre el 10 y el 15 de noviembre, con viajes periódicos, aproximadamente uno por mes, para abastecer a las islas. El Gobierno todavía no confirmó formalmente esos datos. En el Ministerio de Defensa aclaran que el tema está en manos de la Cancillería, que no hay instrucciones operativas para las Fuerzas Armadas y que no quieren convertir una controversia diplomática y comercial en un conflicto militar.
El punto central es qué llevará el Danstar. El Gobierno distingue entre el abastecimiento comercial habitual de las islas y el envío de materiales o equipos para el proyecto petrolero Sea Lion, que impulsan las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La Argentina considera ilegales las tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona en disputa sin su autorización.
Si el barco navega por aguas territoriales argentinas, además, se abre una discusión sobre el régimen de «paso inocente» de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuyo artículo 19 establece que el tránsito de buques extranjeros no debe perjudicar la paz, el orden ni la seguridad del Estado ribereño. Qué alcance tiene esa norma frente a cargas que podrían tener como destino Sea Lion es algo que todavía requiere un análisis jurídico.
La tensión se da en la misma semana en que la Administración Nacional de Aviación Civil denunció a la multinacional Thales por dos vuelos sin permiso entre Punta Arenas y las islas, y el Gobierno planteó su posible vínculo con la actividad petrolera no autorizada.
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