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Contra los retos virales: El Gobierno de La Pampa será querellante en las causas por amenazas
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN, LA PAMPA | Tras la aparición de inscripciones y desafíos que circulan en redes sociales, la Provincia decidió intervenir directamente en el proceso judicial. Buscan que los responsables de los actos de vandalismo y amenazas enfrenten consecuencias penales efectivas.
La decisión del Gobierno pampeano de presentarse como querellante marca un endurecimiento en la política de seguridad escolar. Esta figura legal permite al Estado participar activamente en la investigación y solicitar medidas específicas contra quienes promueven o ejecutan estos «retos» que ponen en riesgo la integridad de la comunidad educativa.
Acciones judiciales y penales
La intervención del Poder Judicial y la Fiscalía Penal Juvenil ya ha derivado en directivas claras para los directivos escolares de toda la provincia:
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Denuncia inmediata: Cada institución en la que se detecten inscripciones o amenazas vinculadas a estos retos debe radicar la denuncia de forma instantánea.
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Medidas intrusivas: La Justicia tiene la facultad de ordenar allanamientos en los domicilios de los estudiantes sospechosos.
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Peritaje tecnológico: Se procederá a la intervención de redes sociales y al secuestro de teléfonos celulares para realizar análisis de datos.
El rol de la familia y los docentes
Mientras el Gobierno avanza por la vía legal, la comunidad docente de Realicó y la región ha iniciado una campaña de concientización paralela. A través de mensajes virales, instan a los padres a dialogar con sus hijos para advertirles que estos actos no son «bromas» inocentes, sino delitos con graves consecuencias personales y familiares.
«Se solicita a los adultos responsables que profundicen los diálogos advirtiendo la gravedad que tales hechos representan, de modo que estos actos no transcurran sin una consecuencia».
El trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía y los equipos territoriales busca frenar una tendencia que ha sumergido al trabajo parlamentario y escolar en una situación de alerta permanente.
