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«Simplemente cumplimos una orden judicial»: Diego Álvarez defendió el accionar provincial en el caso del bebé de Rancul
El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, defendió el accionar de los organismos provinciales en el traslado del bebé de Rancul, que se encontraba en estado de adoptabilidad y contaba con una familia adoptiva seleccionada por la Justicia. El funcionario aseguró que se actuó en estricto cumplimiento de una orden judicial y que el objetivo principal fue preservar los derechos del niño.
Álvarez hizo declaraciones este martes en la Legislatura Provincial, a donde acudió para abordar la modificación de la legislación ante la inminente baja de edad en la imputabilidad de menores. Sin embargo, debió responder ante las consultas de la prensa sobre el conflictivo procedimiento del lunes, cuando la familia sustituta fue interceptada en la caminera policial de Castex para concretar la entrega del menor. «Priorizamos la situación menos violenta para el bebé», afirmó.
El conflicto de fondo y el rechazo judicial
El caso se originó cuando una pareja de Rancul, Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, recibió al bebé a los dos meses de vida bajo la figura de familia de contención, generando un fuerte vínculo afectivo. Si bien solicitaron ser considerados para la adopción, su planteo chocó con la normativa vigente que impide a las familias de contención adoptar a los menores que albergan temporalmente.
A pesar de las distintas instancias judiciales recorridas y de que la Corte Suprema había abierto la posibilidad de analizar el planteo, la Justicia pampeana ratificó la restitución del niño a la familia adoptante seleccionada por el Registro. Tras el rechazo del recurso extraordinario por parte del Superior Tribunal de Justicia el último lunes, se produjo el operativo policial sobre la Ruta Nacional 35 a la altura de Eduardo Castex, tras el cual el niño quedó finalmente con su familia adoptante definitiva.
Las declaraciones del ministro sobre la ley y el procedimiento
Durante su paso por la Legislatura, Álvarez brindó definiciones sobre el rol de la cartera social y el espíritu de la legislación actual:
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Cumplimiento estricto: «Simplemente cumplimos una orden judicial. La situación de fondo de ese niño ya estaba resuelta: estaba en estado de adoptabilidad y el Juzgado de Familia N.º 1 de General Pico ya había seleccionado a la familia adoptiva», señaló el ministro.
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Fin de las guardas irregulares: Al ser consultado sobre posibles modificaciones legales, Álvarez indicó que la ley buscó en su momento terminar con prácticas como las guardas irregulares a nivel nacional. Explicó que la creación del Registro Único de Adoptantes aporta transparencia y equidad, centrando el eje en el interés superior del niño y en buscar un perfil definitivo para toda su vida.
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Un proceso transparente: El funcionario remarcó que se trató de un proceso judicial transparente donde la familia ejercitó todas sus defensas en primera, segunda instancia y ante la propia Corte. Evitó calificar el trato brindado por la familia de Rancul, al señalar que se trata de un tema resuelto y que debían atenerse estrictamente a la ley.
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