URGENTE
- Polémica muestra de caricaturas en el Concejo Deliberante de Santa Rosa: advierten sobre imágenes antisemitas y con burlas hacia el Presidente
- El Gobierno difundió los beneficios del acuerdo: habrá más exportación de carne argentina a Estados Unidos
- El «vacío total» de la familia de un joven secuestrado hace tres años y un grito sin respuesta: «Dónde está Lucas»
- Granjas de bots, influencia y protestas: qué mostró el caso de México y cómo operan estos ejércitos digitales
- Le clavaron una llave en la cabeza a un jugador del Ascenso durante una salvaje pelea en un torneo de fútbol femenino
Caso Cuadernos: ya son casi medio centenar los empresarios que buscan evitar el juicio con una reparación económica
En pocos días el listado de empresarios que buscan evitar sentarse en el banquillo de los acusados se duplicó. Este viernes se realizará ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) la audiencia para que expongan los argumentos en base a los cuales consideran que corresponde que sean beneficiados con una reparación integral, un posterior sobreseimiento y evitar así el juicio por cohecho.
La fiscal general, Fabiana León, fue quien solicitó ante el TOF 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, que se realice una audiencia para que todos los empresarios y ex funcionarios que adhirieron a un primer planteo de reparación integral, expongan sus fundamentos.
La reparación integral, contemplada en el Código Penal, es una herramienta mediante la cual tras el pago que equivale al daño ocasionado por el delito que se cometió, se extingue la acción penal. Es decir: este beneficio concluye con un sobreseimiento tras el pago de una suma de dinero.
Es una de las sustanciales diferencias con el juicio abreviado, donde los imputados admiten la acusación que los condujo a la instancia del debate oral y público. Tras un acuerdo con la fiscalía, se establece la condena a cumplir sin tener que someter a la realización del juicio.
Otro punto bajo estudio, es que como la reparación integral no está regulada en el Código Procesal penal, no hay reglas claras de como aplicarla. No hay antecedentes en el país de que se haya aplicado a grandes casos de corrupción como es el de los Cuadernos de las Coimas.
Los números exponen la envergadura del caso: 174 imputados, 30 arrepentidos, en toda la investigación hay 26 calificaciones jurídicas, respecto al rol ocupado por cada uno de los acusados. Y la totalidad de hechos investigados que ascienden a 540.
El delito que alcanza a Cristina Kirchner es el de jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Dentro de esa organización se incluyen a los ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal.
El sistema calificado por los investigadores como la “mayor maniobra de corrupción de los últimos 20 años”, funcionó con la «participación indispensable» de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y quienes sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho.
Ahora cerca de 50 de ellos, buscan evitar el banquillo de los acusados apelando a la figura de la reparación integral.
Hasta el viernes pasado no había más de una veintena de planteos que adhirieron a un primer escrito formulado por el ingeniero Roberto Orazi. La cifra se amplió sustancialmente cuando fueron notificados todos los imputados, sobre la realización de la audiencia virtual de este viernes desde las 9:30.
Los argumentos compartidos -según los escritos a los que accedió Clarín-, refieren a la reparación integral como un «modo de solución alternativa de conflictos penales» reclamada por varias defensas.
El pedido «obedece a principios de estricta legalidad y jurisdiccionalidad y ha sido concebido por nuestro derecho interno a través de una técnica racionalmente idónea en vista de un sistema jurídico evolucionado que clama por ver resueltos sus conflictos con eficacia, en el menor lapso posible y con la más baja cuota de aflictivo dispendio».
Como explicaron algunas defensas a este medio, la reparación integral: pagar para evitar el juicio, es una forma de «evitar un prolongado proceso», bajo el entendimiento de que hasta que concluya el caso, esto es con una sentencia, las instancias de revisión y la palabra final de la Corte Suprema que da firmeza a los fallos, «podrían transcurrir cerca de diez años».
Añaden a la eventual extensión del debate oral, considerando que son 174 imputados y que se realizará una audiencia semanal donde -además-, se escucharán 630 testigos, que todo generaría elevados costos para el Poder Judicial. De todos modos, cuando hay una sentencia y su posterior confirmación, se contemplan las costas del procesos, algo que omiten algunas defensas.
Los empresarios consideran que una reparación económica, incluso «podría beneficiar al presupuesto del Poder Judicial para mejorar su tecnología, instalaciones».
Pese a esos argumentos, en Comodoro Py están quienes difieren respecto a la aplicación de esta figura en grandes casos de corrupción. Sólo en medidas cautelares en los Cuadernos de las Coimas, hay U$S 1.100 millones comprometidos. La pregunta que se desprende es: ¿Cómo se cuantifica el daño ocasionado por cada empresario?
Durante la audiencia de este viernes el TOF 7 escuchará a medio centenar de empresarios que ampliarán los argumentos sobre los cuales sustentan el pedido de reparación integral. Después, será el turno de la fiscal general, Fabiana León y correrán los plazos procesales para que los jueces den a conocer su criterio.
¿Es vinculante la opinión del Ministerio Público Fiscal? Están quienes entienden que en este tipo de planteos, sí. Fuentes judiciales señalaron a Clarín que son pocos los antecedentes en los que el Tribunal resolvió de forma contrario y en ese escenario, la fiscalía recurrió a la Cámara de Casación.
Esta situación, sin embargo, no modifica lo que ya se determinó: el 24 de septiembre hay una audiencia ordenatoria de cara a lo que ocurrirá el 6 de noviembre: el inicio del juicio oral y público. Sucede que los ex funcionarios, en principio, no pueden requerir el beneficio de una reparación integral.
El listado
Entre quienes solicitaron al reparación integral se encuentran: Enrique Pescarmona y Rubén Valente, los ex directores de Isolux Corsán (que tuvieron a cargo la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio), Juan Carlos y César De Goycochea, junto a Mario Maxil.
También el ex dueño de IECSA y primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra junto a Javier Sánchez Caballero y Santiago Altieri; Fabián Ezequiel García Ramón, exdirector de Energías Renovables del Ministerio de Planificación; Claudio Glazman, quien fue director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones.
Alberto Taselli, hermano de Sergio Taselli. El ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y su ex secretario Hugo Larraburu. Los empresarios Jorge Balán y Hugo Dragonetti. Del Grupo Romero, Benjamín Romero y Rodolfo Poblete.
Apoyos a la reparación integral
El abogado y miembro del consejo directivo de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Yofré, respaldó la reparación integral en la causa de los cuadernos, aunque consideró que no puede ser para todos. «Los funcionarios públicos y los máximos responsables de los delitos deben afrontar el proceso», sostuvo en declaraciones a Radio Milenium
Wortman Yofré consideró que la medida “sería histórica para la Argentina para recuperar dinero de la corrupción”.
DEJANOS TU COMENTARIO
Farmacias de turno
Espacio publicitario
Espacio publicitario
Espacio publicitario
Entretenimiento
Economia
