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Manteros: la diferencia entre “legalidad” y “legitimidad”

El conflicto suscitado con los denominados “manteros” en Capital Federal nos enfrenta a la pregunta por la diferencia entre los conceptos de “legalidad” y “legitimidad” ¿Todo lo que es legal está bien? ¿Puede algo ser legítimo e ilegal al mismo tiempo?

En los últimos días parte de la ciudad de Buenos Aires se ha visto convulsionada por los cortes de calles realizados por los “manteros” de Once, esto es, por aquellas personas que venden mercadería en las veredas y cuya práctica es considerada ilegal según las leyes vigentes. Así pues la tensión necesariamente surge cuando la autoridad busca aplicar la ley reprimiendo la práctica que la contradice y quienes llevan a cabo tal acción buscan defender sus actividades apelando a la legitimidad que les da el trabajo.

¿A qué nos referimos con esto? A que aún a sabiendas de que su labor va en contra de leyes establecidas, los manteros sostienen que la misma es válida porque es legítima, esto es, porque está justificada por cuestiones de índole práctica como el hecho de transformarse en su sustento cotidiano y porque, además, la permanencia en el tiempo haciendo lo mismo les otorga un cariz de “tradición”. Como se puede observar entonces, incluso más allá de este ejemplo, existe una diferencia categorial entre lo “legal” y lo “legítimo”.
En este sentido, es de rápida comprensión el hecho de que aquello que va acorde a lo estipulado por la legislación (o al menos no va en contra) es un acto de índole legal. Pero ¿todo lo “legal” es necesariamente bueno? ¿Podemos aceptar cualquier cosa sólo porque esté contemplado por una legislación? Una pronta respuesta podría darnos a entender que sí, que las leyes están hechas para determinar lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo ¿qué pasaría si una ley dictaminara la obligación de denunciar a las personas judías para que estas fueran encarceladas?

A lo largo de la historia muchas han sido las leyes promulgadas que analizándolas desde un plano filosófico-ético entendemos han de ser controvertidas e incluso injustificables; es decir, los actos que promueven son legales pero no legítimos. La legitimidad es entonces aquello que mueve a la sociedad a acatar una orden, a aceptar a una autoridad, lo que le da sustento y validez. A tal respecto Max Weber consideraba que existían tres modos de dominación legítima, tres formas de que una autoridad tuviera mayor probabilidad de tener apoyo en el ejercicio de su poder: de carácter racional (conforme a asuntos legales), de carácter tradicional (conforme a una repetición en el tiempo) y de carácter carismático (conforme a la confianza).

La legitimidad es entonces aquello que mueve a la sociedad a acatar una orden

Ahora bien, trayendo los conceptos de Weber a ejemplos de índole cotidiana, podemos entender que hay prácticas en nuestra sociedad que se han legitimado pese a contravenir la legalidad impuesta; es lo que podemos llamar como el “folclore de la corrupción” que rige en muchas ocasiones. Con esto nos referimos a las costumbres que se han ido fosilizando de “ir por izquierda”, de hacer de la frase “hecha la ley hecha la trampa” una filosofía de vida. Sea estacionando en doble fila, ofreciendo sobornos a las autoridades, incumpliendo obligaciones laborales o “enganchándose” de algún servicio, encontramos una infinidad de acciones que consideramos legítimas por el hecho de que estamos acostumbrados a llevarlas a cabo, porque nos otorgan beneficios o porque creemos que no afectan a nadie.

Volviendo pues al conflicto de los manteros de Once, muchos defienden su actividad en la supuesta legitimidad que les da el hecho de poder denominarla como “trabajo”, concepto este que a lo largo del tiempo se ha utilizado en reiteradas ocasiones para justificar todo tipo de actos ¿Cuántas veces escuchamos a personas que ubican sus vehículos en cualquier parte de la calle justificándose diciendo que están trabajando? ¿Acaso los policías que disparan a quemarropa a los mapuches no validan sus escopetazos bajo la consigna de cumplir con su trabajo?

Podemos contemplar por consiguiente que, más allá de que la diferencia entre “legal” y “legítimo” parezca clara y hasta simple, a la hora de aplicar estos conceptos en el plano de los hechos en sí, la complejidad comienza a cobrar dimensión. Así entonces emerge la discusión sobre si sólo hay que basarse en lo que está dictaminado por ley (con la discusión que conlleva preguntarse quienes están capacitados para dictar la ley y cuál es, precisamente, su legitimidad para hacerlo) o si, por cuestiones pragmáticas, podemos corrernos hacia lo ilegal en función de los beneficios que ello nos otorga.

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